El desafío independentista
Licencia para delinquir
Las leyes están para cumplirlas, y los primeros que tienen la obligación de hacerlo son los gobernantes
Lo peor de los indultos a los golpistas, tal y como están planteados, no es que se vayan a conceder en contra el criterio del Supremo, la Fiscalía, la mitad del PSOE y la totalidad de la oposición. Tampoco que se otorguen sin mediar arrepentimiento y con el gravante de que «lo volveremos a hacer».
Lo peor es la conclusión de la ciudadanía: los políticos tienen licencia para delinquir, pueden saltarse las leyes y pisotearlas si les place, incumplir sentencias de los tribunales y reírse a mandíbula abierta de cuantos pensamos que las normas hay que acatarlas porque de lo contrario se nos caen encima los tribunales. Como debe ser, por lo demás. Los ciudadanos sabemos que si cometemos una infracción, nos penalizan; si incumplimos nuestras obligaciones fiscales, nos sancionan, y si incurrimos en un delito del orden que sea nos condenan a equis años sin redención posible.
Es lo suyo, pues las leyes están para cumplirlas, y los primeros que tienen la obligación de hacerlo son los gobernantes. Las pueden cambiar, pues esa es la potestad que tienen, pero mientras estén vigentes deben respetarlas para poder exigir a los demás que las respeten.
Pero ellos son políticos. Y los políticos tienen bula. Por lo que se ve para retorcer la legislación, atentar contra ella y, por supuesto, ser absueltos después de que los tribunales les condenen a muchos años de prisión por haber incurrido en sedición, malversación o desobediencia. A unos políticos los absuelven otros políticos. Los tribunales los condenan y entre ellos se apañan y auto-redimen. De modo que la lección que extraemos los demás es que a la clase política, en este caso a los golpistas del independentismo catalán, se les otorga licencia para seguir delinquiendo a costa del erario y siempre que quieran.
Lo sabe de sobra Pere Aragonès, el nuevo presidente de la Generalitat, que por eso dice que los principales objetivos de su programa de gobierno son dos, y solo dos: el referéndum y la autodeterminación. O sea, los mismos que tenían los condenados del «procés». Los mismos que vuelven a estar encima de la Mesa de negociación con el Gobierno de Sánchez, y sobre los que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar y pactar. Más aún: afirma Podemos, la otra parte del bi-gobierno, que el referéndum para la independencia de Cataluña es necesario, y hay que convocarlo sí o sí, lo permita o no la ley, lo ampare o no la Constitución.
De modo que poco hemos avanzado. Todo sigue igual, o incluso peor. Aragonés hace lo que le dice Junqueras, y Puigneró, el nuevo vicepresidente de la Generalitat, lo que le ordena el fugado de Waterloo. ¿También van a indultar al desertor antes incluso de ser detenido y condenado? Bien visto, nos ahorraríamos el trabajo de los jueces, el gasto por el juicio, la manutención en la cárcel y el bochorno de tenerle después que poner en la calle por la gracia de Sánchez y con la rúbrica del jefe del Estado. Que esa es otra.
Total que se nos fueron Artur Más, el iluminado; Puigdemont, el ungido; Junqueras, el mesías; Torra, el alienado, y nos llega ahora una suerte de botarate llamado Puigneró para decir con dos bemoles que Colón era catalán, igual que los hermanos Pinzón, Santa Teresa de Jesús y hasta Erasmo de Rotterdam. Semejante sujeto, autor in person de la NASA catalana, va a orientar los destinos de la mitad de la Generalitat con la aquiescencia de Jaume Giró, el nuevo conseller de Economía, en apariencia un tipo sensato al que se ve que le gustan las malas compañías.
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