Porque sí

El indulto, que nace de un principio muy asentado en las tradiciones de nuestras sociedades judeo-cristianas, no es, sin embargo, una gracia divina, sino un acto discrecional, regulado por una ley. Y como discrecional no es lo mismo que arbitrario, en un marco jurídico, que, en nuestro caso, es además constitucional y debe responder a valores y principios democráticos, se debe aplicar con arreglo a unos principios legales, que no se dan en el caso de los nueve indultos a los golpistas condenados por el Supremo, por un acto de fuerza desde un abuso de poder con graves conductas de corrupción política, contra la libertad de la mayoría de los catalanes y la soberanía de todos los españoles. El indulto lo concede el Gobierno en nombre de la sociedad, que, faltaría más, tiene derecho a no estar de acuerdo. Los límites están muy claros: el Gobierno no puede perdonar en su propio beneficio, sino que tiene que hacerlo en provecho de una utilidad pública o social. Si lo hace en beneficio propio, por razones de aritmética parlamentaria, el indulto es un acto ilegal, aunque el Gobierno lo envuelva en falsas motivaciones, como la del apaciguamiento de un falso conflicto en el que, de un lado hay unos radicales dispuestos a delinquir y que no se arrepienten y amenazan con reincidir, y, de otro, un Estado democrático y de derecho. Es verdad que, a la vista de la resistencia de los indultados a ser apaciguados, el Presidente Sánchez ha esgrimido también otras razones, como que sus indultos son buenos para la economía e incluso para el fin de la pandemia, pero eso forma parte de su retórica de concursante del certamen de Miss Universo, y no nos sorprenderá escucharle decir en próximas fechas que la libertad de Junqueras y compañía es útil contra el cambio climático. En cualquier caso, está claro que se trata de un auto indulto, como dijo el Supremo en su preceptivo informe, y, también, como sostenemos muchos demócratas, de un acto de inmoralidad y de indecencia, porque no hay razones de justicia ni de equidad ni de utilidad pública, tan solo pura conveniencia. Una actuación tan cuestionable está demasiado alejada del perdón cristiano, que es un acto moral, y de lo que debe ser el perdón del indulto, que consiste en un acto legal. El Gobierno ha introducido un tercer tipo de perdón, alternativo a la moral y al legal, que es el “perdón sanchista”. Sus rasgos: a la medida, por conveniencia y porque sí. Un perdón legal para nueve condenados, que castiga a millones de españoles. Porque estos indultos castigan a los españoles que cumplen cada día la ley, y castiga además a la transición democrática y a la generación que la impulsó, y también a la Justicia española y al conjunto de fuerzas y cuerpos que defienden la ley, que de forma independiente, profesional y firme persiguieron delitos que fueron muy graves. Un castigo a muchos para beneficiar a unos pocos, para beneficiarse a sí mismo Sánchez, y que tanto daño nos va a causar.