Atrapados en la oca

Leo en un digital que Zapatero ejerce de intermediario entre el Gobierno y los partidos catalanes para superar el «conflicto» catalán. No los problemas de Cataluña, sino el «conflicto», un término importado de la jerga tan querida por el independentismo vasco, de pasamontañas o sin él. La entrevista a Zapatero del pasado domingo en estas páginas parece confirmarlo, lo que sería una intermediación para llevarnos a una interminable partida del juego de la oca, en el que una y otra vez caemos en la casilla de la muerte y vuelta a empezar.

Habrá que recordar que antes de hacerse con la presidencia creó las condiciones que llevaron a donde estamos, y lo hizo impulsando un tripartito catalán que alumbró un estatuto de autonomía luego corregido por el Tribunal Constitucional. Antes apareció el «plan Ibarreche», un proyecto de estatuto vasco groseramente inconstitucional. Zapatero, en la oposición aún, no lo apoyó pero mandó un mensaje: «tranquilos, que la solución vendrá de Cataluña». Y vino con ese estatuto catalán que de estatuto tenía poco: presentaba hechuras de constitución, no tanto de un Estado independiente sino federado o asociado a España, con quien mantendría vinculo mínimo para no salir de la Unión Europea y financiase sus deudas.

En ese estatuto una región –Cataluña– modificaba la Constitución y las principales leyes reguladoras de los órganos constitucionales del Estado, entre ellos modificaba el sistema constitucional de Justicia, última parcela del Estado en Cataluña sin conquistar. También lo hacía aquel «plan Ibarreche» –como digo, de una grosería jurídica palmaria– en cambio el catalán era otra cosa: era ladino, estaba elaborado por gentes acostumbradas a hilar fino y meterla doblada al redactar un contrato. Pero el Constitucional lo tumbó.

Muy en resumen pretendía alumbrar un Poder Judicial propio –fiscales incluidos– creando su órgano de gobierno judicial, un Consejo de Justicia Catalán; además Cataluña seleccionaría a sus propios jueces y fiscales. Para ello se urdió el ardid de que ese Consejo catalán fuese «desconcentrado» del Consejo General del Poder Judicial. Pero no coló y se declaró inconstitucional: ni el Poder Judicial es repartible territorialmente como sí el ejecutivo y el legislativo, ni el Consejo es un órgano desconcentrable; además, la Judicatura es un cuerpo único –lo dice la Constitución–, luego no troceable en «escalas», una escala vasca, otra catalana, otra andaluza, etc...

Los socialistas siguen, erre que erre, ahí y lo propugnan en su «Declaración de Barcelona. Por el catalanismo y la España federal». En Justicia supondría que el cuestionado sistema de gobierno judicial que rige –de nuevo gracias al socialismo– desde 1985, lejos de corregirse tal y como exige el Consejo de Europa, se multiplicaría por 17 porque, a ver, ¿a qué gobernante territorial no le interesa tener su propia Justicia?; y en Cataluña, ¿no viviría más tranquilo el independentismo dirigente teniendo sus jueces, sus fiscales unidos a su policía?, ¿quién le inquietaría?.

Hablaba del juego de la oca, que vamos derechos a la casilla de la muerte y parece que es así. Dice Zapatero que la sentencia del Constitucional, que anuló todo ese modelo de Justicia catalana, es interpretable, pero no, no lo es: fue muy clara salvo que aparezcan mercenarios del Derecho que sostengan que, como todo es interpretable, sin tocar la Constitución se puede alumbrar un nuevo sistema judicial a base de trampas. Podría pensarse que esa segunda intentona, que vendría de la mano de un nuevo estatuto o de la reforma puntual del vigente, sólo podría salvar su constitucionalidad con un nuevo Tribunal Constitucional, lo que pasaría por renovarlo –tarea también pendiente– para llevar allí a juristas comprometidos con tal empresa.

Sobre todo esto escribí hace años con profusión y me preguntaba como hipótesis de trabajo si eso no pacificaría el panorama, si no sería ventajoso una Justicia más próxima y lo rechacé: aquello resucitaría nuestro castizo caciquismo, la Justicia caería en manos de caciques que pondrían jueces, fiscales, policías y, por supuesto, una Inspección tributaria al gusto. Que eso rija en Cataluña sería una desagracia para los catalanes, pero allá ellos con esa sarna que gusta aunque pique. Lo triste es que lo querrían para sí el resto de los caciques que pueblan España. No son pocos y lo son de todos los colores.