Ley de propaganda antidemocrática

Dos de los más célebres discursos de Azaña durante la Guerra Civil fueron pronunciados el 18 de julio en 1937 y 1938. ¿Por qué? Porque en el bando republicano se celebraba la fecha como la del arranque de la revolución española, que acababa por fin con la República del 14 de abril, en la que ni socialistas, ni ugetistas, ni anarquistas ni nacionalistas habían creído nunca, como dejaron bien claro en múltiples testimonios y en las sucesivas oleadas revolucionarias que patrocinaron entre 1931 y 1934. A Azaña le fastidiaba tener que hablar en aquel aniversario. A los comunistas, que se habían hecho con el gobierno en 1937, también, aunque por otras razones. Los comunistas querían esconder esa misma revolución. Había que dar a lo que quedaba de la Segunda República la apariencia de un régimen democrático, para apuntalar mejor la versión, propiamente comunista, de la Guerra Civil como una lucha entre democracia y fascismo. Es una de las varias leyendas comunistas que han sobrevivido hasta el siglo XXI, y eso que desde las elecciones del Frente Popular no había habido democracia en España, y que el régimen de Franco fue un régimen autoritario o despótico, pero no totalitario.

Así que la nueva Ley llamada de Memoria Democrática, patrocinada por un presidente socialista, recoge fielmente la propaganda de los comunistas, aquellos mismos que persiguieron a muchos socialistas de aquellos años: Prieto y Largo Caballero, por citar solo dos nombres de primera línea. La memoria socialista, vamos a llamarla así, será por tanto una de las muchas víctimas de este proyecto. (El paralelismo con lo ocurrido con la ETA es sobrecogedor.) Efectivamente, no va destinado, como dicen sus promotores, a dignificar a las víctimas, sino a consolidar una mentira como un dogma de Estado, respaldado por los instrumentos represivos con los que este cuenta. Mentira en la que no sólo desaparece la historia de los socialistas, claro está. También la de decenas de miles de víctimas de la violencia política que se instauró en España ya desde 1934, por no decir desde 1930. Y, ni qué decir tiene, cualquier referencia al carácter antidemocrático o totalitario de muchos de quienes lucharon contra Franco (y que ya se habían sublevado contra la República en el 32, 33 y 34).

Claro que no basta ya con denunciar la obscenidad de esta nueva Ley. La ley de Memoria Histórica ya creó una nueva realidad social y cultural, que ésta corrobora y va a asentar definitivamente. Habrá que tenerla en cuenta para, una vez derogada esta monstruosidad, darle a la sociedad española la posibilidad de conocer su pasado sin mentiras, sin censuras ni manipulaciones. Sin miedo. Entre 1975 y 1978, la mentalidad de pacto y acuerdo llevó a apartar la historia de la política. Fue una decisión sabia e inteligente. Ahora, la reinstauración de un futuro clima de acuerdo y de pacto, por el momento roto, requerirá que los próximos gobernantes hagan todo lo que esté en su mano para que se pueda investigar y exponer la verdad histórica. La verdad, no la propaganda disfrazada de memoria.