Transición Eco...¿qué?

Se cuelga Sánchez desde del principio de los tiempos, los suyos, los que lleva gestionando los gobiernos de España, la medalla de oro de la sostenibilidad y el medio ambiente. Crea, a tal efecto, un ministerio de ampuloso y sonoro nombre, el de Transición Ecológica, que acaba de asumir, pese a su denominación de origen, una auténtica bofetada del Gobierno a su autoproclamada identidad de campeón del futuro ecológico.

Colgarse las medallas sí que se le da bien. A futuro, eso sí. Las medallas, digamos, previas, las de «lo que haremos», ante la evidencia de que la carta de «lo que hemos hecho» tiene un menú mucho más estrecho. Es verdad que eso es mal general, pero en el caso de nuestro actual Gobierno es casi una seña de identidad. Como lo es conceder a quienes necesita para sobrevivir. Y no hablo de ciudadanos votantes, no, sino de socios de necesidad por muy tóxicos que sean. El campeón de la sostenibilidad, resucita y anuncia, como primer resultado de los encuentros de agosto con la Generalitat en su particular y excluyente mesa de diálogo, el viejo proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat con una inversión de 1.700 millones de euros y la creación de decenas de miles de puestos de trabajo. Al margen de que lo de asociar automáticamente inversión y puestos de trabajo con felicidad y desarrollo no es siempre un ejercicio de inteligencia ni realismo, sucede que en este caso se ha hecho sin consultar a municipios afectados, sin estudio medioambiental previo y con bastantes probabilidades de incumplir legislación de la Unión Europea con cuyos fondos se pretende financiar.

Este viejo proyecto del Partido Popular –eso no lo han recordado ahora porque no conviene– ya se paró porque el impacto medioambiental sobre una zona protegida de la Red Natura 2000 sería desastroso. La ampliación contraviene algunas directivas medioambientales de la Unión Europea, relativas a la protección de sus espacios naturales más valiosos de su territorio. Existe además un procedimiento abierto por Bruselas al gobierno español y a la Generalitat por supuestas infracciones por mala conservación del Delta del Llobregat, que es una zona afectada por la ampliación. Supongo que lo saben pero les ha dado igual. La megalomanía es una opción que resulta rentable bien vendida, y abordar lo del Prat como el maná que hará crecer Cataluña más de un cinco por ciento y con ella también el PIB español, puede tener resultados políticos a corto plazo para unos y otros. Eso piensan y por eso venden un proyecto que es dañino medioambientalmente y mentiroso en su renacimiento: no cuenta con estudio previo, como ha reconocido el propio presidente Aragonés, y su financiación con fondos europeos es más que discutible. Si se pretende sacar el dinero de los fondos comunitarios Next Generation, habrá que tener en cuenta que su uso incluye, entre otros, el compromiso de «no causar daño significativo ambiental». Y en este caso, se va a causar.

La transición ecológica no puede hacerse sobre viejos modelos de decisión, inversión y transporte que son contaminantes y destructivos. Eso no es transición ambiental. Eso es márketing, de nuevo el puro márketing. Y en esas volvemos a estar. Y además, como una concesión infame y tramposa a un gobierno autonómico que ni es leal ni juega a favor.