El Gobierno parece decidido a aprobar una de las medidas con las que lleva meses amagando: establecer peajes en todas las autovías españolas. Empecemos este artículo constatando que la forma más razonable de financiar la mayor parte de los servicios públicos es a través del pago por uso: es decir, que no se hagan cargo de su mantenimiento el conjunto de los contribuyentes (utilicen o no utilicen un determinado servicio) sino sus usuarios y en la medida en que lo usen (aquellos usuarios que los emplean en mayor medida deberían correr con un porcentaje mayor de sus costes). El pago por uso no sólo es más justo sino también más eficiente: quienes no estén dispuestos a cubrir su parte proporcional del coste acaso no valoren tanto el servicio como para consumirlo y generar un gasto. Pero, del mismo modo que señalamos que el sistema de peajes tiene sentido y que ojalá se extendiera a más servicios públicos aparte de las autovías, también es necesario constatar dos grandes mentiras que sobrevuelan esta cuestión. Primero, no es cierto que necesitemos los peajes para sufragar el coste del mantenimiento de las carreteras: ese gasto ya debería estar más que cubierto con los impuestos que abonan los conductores por muy diversos conceptos. Más en concreto, mientras que el gasto anual necesario para conservar las carreteras ronda los 1.300 millones de euros, los ingresos públicos que ya se extraen anualmente de los conductores alcanzan los 30.000 millones de euros. En concreto: impuesto de matriculación (456 millones de euros en 2018), IVA por la compra de coches nuevos (4.856 millones de euros), impuesto de circulación (2.905 millones de euros), impuesto especial de hidrocarburos (13.452 millones de euros), IVA de los carburantes (7.360 millones de euros) e impuesto de transmisiones sobre vehículos de segunda mano (523 millones de euros). Si el Ejecutivo necesita de fondos para garantizar la buena conservación de las vías públicas, ya debería disponer de una más que amplia base recaudatoria para obtenerlos: por ello, si quiere implantar peajes con los que recaudar 1.300 millones de euros anuales, antes debería rebajar alguno de esos tributos para no subir el conjunto de exacciones que recaen sobre los españoles. Reemplazar una contribución al Estado por otra, no añadir la una a la otra. Pero el Gobierno PSOE-Podemos no pretende reemplazar impuestos por peajes, sino añadir los peajes a los impuestos. Y ahí nos topamos con el segundo problema de esta medida: durante años, PSOE y Podemos estuvieron prometiendo que solo harían pagar más a los ricos, que en ningún caso las clases medias o las rentas bajas terminarían siendo exprimidas por su gobierno. Ahora vemos que mintieron: aun cuando pueda ser cierto que los peajes recaerán proporcionalmente más sobre las rentas más altas, desde luego serán soportados en mayor o menor medida por todos los ciudadanos. Llegaron al poder con mentiras y ahora muestran sus cartas sableando a los ciudadanos.