El asesinato político

Este mes, recordamos los trágicos atentados que costaron la vida al general Prim –27 diciembre 1870– y al almirante Carrero Blanco –21 de diciembre de 1975–. Ninguna de las dos fechas merece constar en las efemérides que una prestigiosa y conocida revista de historia publica mensualmente. Se suman, a la frialdad con que también se trata el asesinato de Cánovas en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda en agosto de 1897, de Canalejas en la Puerta del Sol en noviembre de 1912 o de Dato en pleno corazón de Madrid en marzo de 1921. Todos eran nuestros Presidentes del Gobierno: uno progresista, otro liberal, otros podríamos considerar, conservadores. Da igual. Merecen nuestro recuerdo y respeto. Entre los mayores méritos de dos de ellos: haber contribuido a evitar que España se involucrase en las dos Guerras Mundiales que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX. En cuanto a móviles de los asesinos, opiniones para todos los gustos. Durante la Restauración siempre aparecían los anarquistas muy ligados a la tensión social que vivía Cataluña; con Carrero, autoría de ETA con posibles anexos. Pero en todos los casos, incluido el asesinato de Prim, una nebulosa envolvió siempre los atentados y su represión se centró principalmente en los ejecutores, no en quienes les instigaron. Dice el buen refranero español: «no mires a la mano que mata, sino a la mano que la dirige». Es lo que está consiguiendo «Dignidad y Justicia» dirigida por un incansable Daniel Portero al estar consiguiendo el procesamiento de dirigentes de ETA que ordenaron a sus comandos asesinar durante décadas de plomo.

No es que tengamos la exclusiva de los asesinatos políticos: recordemos los atentados mortales cometidos en los EE.UU. contra Lincoln, Garfield, Mc Kinley y Kennedy y los intentos contra Roosevelt, Reagan y otros quince presidentes; como también escapó dos veces nuestro Maura. A raíz del atentado que costó la vida a la Presidenta de la India Indira Gandhi se publicó una relación de magnicidios ocurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial: 50. Es la forma en que algunos piensan que se puede cambiar la política de un país, recurriendo a la eliminación física de su primera autoridad política, en lugar de confiar en un cambio de sentido de la misma, mediante el recurso a los votos. Otros deben pensar que el riesgo a un atentado forma parte del bagaje de un dirigente, es decir, que «entra en el sueldo». Pero en realidad hablamos de puro terrorismo que no calcula las consecuencias negativas derivadas del asesinato, en nuestro caso, el incierto devenir de la primera mitad del siglo XX.

Sin ser un atentado contra un Jefe de Gobierno, pero si contra un líder de la oposición con la agravante de ser cometido por el aparato del propio gobierno, no hay duda que el asesinato de Calvo Sotelo un 13 de Julio de 1936 propició el comienzo de nuestra Guerra Civil. Imaginemos hoy que un grupo de policías uniformados detienen a Casado en su domicilio y luego abandonan su cadáver en las tapias del cementerio de la Almudena.

Pero siendo grande la repercusión de un magnicidio en tiempos de la Restauración, sus ecos llegaban a la población a borbotones, en las siguientes 24 o 48 horas, cuando llegaban. En muchos lugares, quizás, solo en las misas del domingo o domingos siguientes.

Pero hoy, cualquier sencilla «salida de vía o de léxico» es conocida por miles de ciudadanos abonados a las redes, en cuestión de minutos. Esta inmediatez viene acompañada de falta de reflexión y ponderación, necesarias para evaluar su alcance. En consecuencia conduce al juicio temerario y a la sentencia; por supuesto a la manipulación. Y si esta viene avalada por la imagen que recoge el noticiario inmediato o la portada de un medio y, sobre todo, si es reiterada en los sucesivos, la presunción de inocencia queda fuera de lugar. Solo al cabo de cinco o seis años, la Justicia con mayúscula resolverá el caso a favor o en contra. Para los canallas, una forma de publicidad que explotarán en platós televisivos. Para muchos honestos acusados falsamente, la recuperación de su honorabilidad. Pero el daño moral infringido, irrecuperable.

Son 169 las portadas que dedicó un diario de tirada nacional al tema del Partido Popular de Valencia que hoy sentencias del Supremo y de la Sección Cuarta de la Audiencia valenciana han descalificado como acusaciones que «en modo alguno pueden sostenerse más allá del espacio de la mera sospecha» o que proceden «más de la confesión de una suposición, que del conocimiento de un hecho».

Muchos lo pueden celebrar. Pero una Rita Barberá, abandonada incluso por su partido, no lo pudo superar. Otra forma del asesinato político.

Luis Alejandre, es general (r)