El pasado domingo, 12 de junio, se cumplió el mandato de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Gobierno y el CGPJ. Como es conocido, sus doce magistrados se renuevan por tercios cada tres años. De esta manera, cuatro son nombrados por el Congreso de los Diputados previo acuerdo de los grupos políticos; tres años después, otros cuatro magistrados son renovados por el Senado; y, al cabo de tres años más, los cuatro restantes se reparten entre el Gobierno y el CGPJ, dos cada uno de ellos.

El momento de la designación por el Gobierno es crucial para la credibilidad del Tribunal. Con todas las críticas fáciles e injustas que a menudo se dirigen contra sus magistrados, no cabe dudar de que son juristas de reconocida competencia, cada uno con su ideología y la visión del mundo que Dios les ha dado a entender y que, en no pocas ocasiones, evoluciona en contacto con el día a día del Tribunal. Además, el método de nombramiento, que exige una mayoría de 3/5 en el Congreso, el Senado y el CGPJ, obliga a consensuar los candidatos y facilita un resultado ponderado en términos de su ideología aparente. Esa dinámica, sin embargo, se rompe con los nombramientos del Gobierno, que no necesitan consensuarse con nadie. Se genera entonces el riesgo de ceder a la tentación de prescindir de toda mesura y ponderación y de realizar la elección de los magistrados sin otro objetivo que imponer un sesgo ideológico en el Tribunal, ajeno al espíritu constitucional de consenso que preside la selección de sus restantes miembros.

Que el riesgo de sesgo se haga después efectivo ya es otro cantar: los magistrados son juristas independientes y las experiencias pasadas demuestran las muchas ocasiones en las que los pronósticos sobre sus decisiones han sido fallidos. El auténtico daño no es si ese riesgo puede hacerse efectivo, sino la evidencia, la impudicia del Gobierno al revelar que el objetivo es colonizar políticamente el Tribunal. Eso es lo que realmente daña la confianza que los ciudadanos depositan en sus magistrados, y es precisamente en esa confianza en la que radica la legitimidad de los tribunales en una sociedad democrática.

La conducta del Gobierno en esta legislatura, pero, sobre todo, la que anuncia para el futuro, alerta sobre el grave daño que se va a ocasionar al Tribunal Constitucional. El maltrato que el Gobierno y los grupos parlamentarios que le dan apoyo han dispensado a la Justicia, y en ella se incluye el Tribunal Constitucional aunque sus magistrados no sean parte del poder judicial, ha rebasado todo límite conocido. Su negativa a aplicar los estándares europeos para acabar con la apariencia de politización del CGPJ; el intento, abortado por la Unión Europea, de reducir las mayorías parlamentarias para la designación de sus vocales; los insultos y ofensas a los magistrados por parte de miembros del Gobierno y de los grupos parlamentarios que le dan apoyo; o la operación ahora en curso para acabar con los refuerzos en juzgados y tribunales y perjudicar su buen funcionamiento e incrementar los retrasos de los procedimientos son sólo un ejemplo de ese maltrato.

Pero lo que se anuncia es peor que lo que se ha hecho: una parte de la estrategia de maltrato ha consistido en aprobar una Ley para impedir que el CGPJ pueda llevar a cabo nombramientos de cargos judiciales mientras no se produzca su renovación, con un objetivo claro: perjudicar el buen funcionamiento de los tribunales como argumento (excusa) en la negociación de su renovación. Esa estrategia, además de inicua e inconstitucional, es de una torpeza incomprensible: la renovación del Tribunal Constitucional debe hacerse por tercios, lo que impide al Gobierno nombrar sus dos magistrados mientras no pueda hacerlo el CGPJ. No se puede ser más torpe. Para remediarlo, el Gobierno ha anunciado sobre la marcha que cumplirá su obligación y designará a sus dos magistrados aunque no puedan tomar posesión para, de paso, evidenciar que él cumple y el CGPJ no, sin que parezca que importe para su argumento que sean el propio Gobierno y los grupos que le dan apoyo quienes se lo impiden con una Ley inconstitucional.

Esa fórmula es tan inicua como la torpeza que pretende remediar y su objetivo es claro: en la tesitura de que la renovación del CGPJ no se produzca en la presente legislatura, y que la siguiente sea consecuencia de un vuelco electoral, anticipar el nombramiento respecto del momento en el que efectivamente podría hacerse para privar al Gobierno legítimo de ese momento de una prerrogativa constitucional. En definitiva, un fraude constitucional en toda regla que aboca a un previsible y grave conflicto institucional, que evidencia la impudicia de un Gobierno y que no conseguirá otra cosa que perjudicar aún más la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

José María Macías Castaño es abogado y magistrado. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.