Indulto made in Banana Republic

Adivina, adivinanza, ¿quién soltó esta en teoría impecable frase?: «Siento vergüenza y me cabreo cuando un político indulta a otro, hay que acabar con los indultos políticos». ¿Fue el próximo presidente, Núñez Feijóo, el sin vergüenza de Iglesias, el honrado Abascal o la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreiro? Pues bien, ni el uno, ni el otro, ni el de más allá, ni la de más acá, sino más bien Pedro Sánchez. Salió de su bella boquita allá por 2014, recién llegadito a la Secretaría General del PSOE, nada más ser investido jefe de la oposición. Tiempos en los que nos vendía los mundos de yupi, esa prehistoria sanchista en la que proclamaba una ética que nada tiene que ver con su innegable buena estética, momentos en los que iba de Robin Hood que luchaba contra la pobreza energética, los recortes y la mangancia en la España de Bárcenas. Ocho años después dice «Diego» donde proclamó un sonoro «digo» y se apresta a conceder un indulto político al ladrón de José Antonio Griñán, condenado en sentencia firme a seis años de cárcel por malversación continuada cuando fue consejero de Economía y presidente de Andalucía. Un castigo por otra parte ciertamente benevolente que contrasta con los 51 que metieron a Francisco Correa y los 29 que cayeron a Bárcenas por un caso, Gürtel, en el que se trincaron 28 millones, veinticuatro veces menos que los 680 millones robados con los ERE. Tan cierto es que el indulto es una figura garantizada constitucionalmente como que no se inventó para hacer favorcetes a correligionarios o amiguetes, sino más bien para arreglar injusticias supinas como la de ese paupérrimo padre que robó en un súper para dar de comer a su familia, los «robagallinas» de los que hablaba Lesmes, o la de un ciudadano que sin esperar al fallo judicial echó con cajas destempladas a los okupas que habían invadido su domicilio habitual. El indulto debería desaparecer de la Carta Magna, entre otras muchas razones, porque al igual que el repugnante aforamiento es una figura medieval. La gracia regia de toda la vida de Dios. Y porque tanto uno como otro destrozan ese principio sagrado en cualquier democracia digna de tal nombre que es el de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. En el caso español la gracia real moderna data ni más ni menos que de hace 152 años: concretamente, de la Ley del Indulto de 1870. Por no hablar de que lo que va a perpetrar Pinocho Sánchez supone ciscarse en el Código Ético del PSOE, que en su epígrafe 8.1 reza: «Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a la corrupción, violencia de género, delitos de acoso, contra la libertad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». Más claro, agua, o a lo mejor es que una pena de seis años de cárcel por malversación más otra de prevaricación carecen de la consideración de «delitos ligados a la corrupción» o tal vez es que no son «graves». Una cacicada así es más propia de la Argentina del magnicidio fake de Kirchner, de la Venezuela de Maduro, del México de Obrador o de la Rusia de Putin. Barbaridades como ésta, y como la de los golpistas catalanes, perdonados por conveniencia política, nos alejan de la Europa comunitaria y nos acercan a pasos agigantados a las más asquerosas autocracias del Tercer Mundo. Que nadie se equivoque. Este acto dice mucho más de lo que representa el indulto a Griñán en sí.