Griñán y el control del Constitucional

No hay duda de que el Gobierno tiene un grave problema con el indulto de Griñán. Es una condena en firme por uno de los mayores escándalos de corrupción de la Historia de España. La cifra defraudada para favorecer al PSOE en Andalucía explica los resultados que obtenía en las elecciones. No es un error administrativo o una acción aislada de algún golfo, sino un entramado organizado sistemáticamente para vulnerar la ley y consagrar una estructura clientelar al servicio del partido. Es verdad que los periodistas y politólogos de izquierdas no le han dado gran importancia, más allá de publicar la noticia de la condena, en contraste con la persecución que sufrieron Paco Camps o Rita Barberá, por poner algunos ejemplos de políticos inocentes que padecieron unas campañas atroces destinadas a su destrucción personal y donde no importaba la presunción de inocencia. Nada que ver con Gürtel y la estrategia para desalojar al PP del gobierno. Los antiguos dirigentes de este partido condenados por corrupción ingresaron en prisión cuando así lo establecía la sentencia. Y no fueron indultados.

Cualquier noticia que afecte indirectamente a los populares se convierte en una condena mediática en firme sin derecho, si se me permite la ironía, a la apelación. La verdad judicial es irrelevante y su exoneración no merece el más mínimo comentario de los hooligans del gobierno socialista comunista. La fiscalía anticorrupción se opone a suspender la pena y avala el ingreso en prisión de Griñán y de los otros ocho ex altos cargos que estaban involucrados en la mayor causa de corrupción de Andalucía. La Justicia, para ser justa, tiene que ser igual para todos. Griñán no ha sufrido, como otros, la pena del telediario o de las portadas de algunos periódicos progubernamentales. Ahora le queda el trámite del indulto, que es una decisión que corresponde a Sánchez, y el recurso al Constitucional, donde el PSOE confía en que la toma de control sirva para exonerar a Griñán y sus compañeros. Es una de las razones de la urgencia en controlar este órgano, porque permitiría que Sánchez no sufra el desgaste de indultar a condenados por corrupción. Es algo que será utilizado por la oposición, junto con las leyes ideológicas y sus pactos con comunistas, independentistas y los herederos de ETA.