El frente de la mayoría plurinacional

El presidente del Gobierno debería reflexionar sobre la catadura de sus socios parlamentarios. Es cierto que ha conseguido superar el trámite de los últimos presupuestos de la legislatura, así como otros proyectos de fuerte contenido ideológico, pero es lamentable que sea con la ayuda de los enemigos de España. A estas alturas resulta irrelevante que perjudique o no electoralmente. Lo inquietante es la desnaturalización de un partido que está dispuesto a olvidar el pasado y asumir un modelo de confrontación populista que hace imposible cualquier acuerdo con el otro gran partido constitucionalista. El término enemigos de España no es baladí, porque es evidente que los independentistas y los herederos de ETA lo son. No se trata de formaciones de izquierda radical, sino que tienen como objetivo prioritario, aunque ahora no lo puedan materializar, la ruptura de nuestro país. A este frente se unen los comunistas y antisistema de Unidas Podemos. Son grupos que rechazan la Constitución, que quieren imponer un proceso constituyente que acabe con el modelo de convivencia que alumbró la Transición y, por supuesto, con la Monarquía.

Es, precisamente, el término «frente» el que se puede aplicar con todo rigor a lo que se vislumbra en el horizonte postelectoral. Hay que recordar lo que sucedió con el Pacto del Tinell, destinado a aislar al PP, y consagrar una permanente mayoría de izquierdas, con importantes concesiones competenciales a los independentistas, que comporta unas cesiones que debilitan al Estado. Es una mutación constitucional inquietante con la desaparición de facto de la tradicional división de poderes, actualmente muy mermada por la conversión del Legislativo en una mera marioneta de La Moncloa, y la toma de control del Judicial, así como del Tribunal Constitucional. Un síntoma inquietante de esta nueva situación la encontramos en el uso y abuso de los reales decretos-ley, un instrumento constitucionalmente extraordinario que se ha convertido en una forma ordinaria de legislar para orillar a las Cortes Generales. Otra expresión de esta realidad es utilizar fórmulas como la proposición de ley para no tener que solicitar los informes preceptivos, aunque no vinculantes, en temas controvertidos. No hay que sorprenderse de que la aplicación del rodillo parlamentario de la mayoría de investidura provoque la aprobación de textos de escasa calidad jurídica. La denominada «ley del solo sí es sí» es una clara muestra.

Es difícil entender que el PSOE tenga como socio preferente a Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu, que aclara que «el Gobierno ha asumido que necesita la mayoría plurinacional de izquierdas». Son los terceros presupuestos consecutivos que cuentan con el apoyo de los herederos de ETA. Al que se une el de los independentistas catalanes. No están movidos por la lealtad constitucional o la búsqueda del bien común. Y todavía resultó más claro y directo el antiguo colaborador de la banda terrorista, Arnaldo Otegi, al recordar a Sánchez que se mantiene por los que quieren «marcharse de España». Lo que denomina un apoyo al «Gobierno de progreso» es un eufemismo que no esconde la realidad de un conjunto de formaciones que lo único que persiguen es fortalecerse para el próximo ataque en el proceso de destrucción del Estado.

Por un lado, está Bildu que quiere aumentar su peso en el País Vasco y Navarra para dominar sus gobiernos. Otegi quiere ser lendakari, lo cual sería un resultado triste y lamentable de las cesiones socialistas, y conseguir la integración de Navarra en esa gran Euskalerria que no tiene ningún fundamento histórico. El actual poder de Bildu es la victoria final de la banda terrorista. Lo son también las cesiones al independentismo catalán con la supresión del delito de sedición, que es un acto de debilidad del Estado a diferencia de cómo se podían interpretar los polémicos indultos a los condenados por el Tribunal Supremo. Sánchez comete el mismo error que sus antecesores, tanto socialistas como populares, porque ERC y JxCat interpretan cualquier cesión como una debilidad que les fortalece. Al fracasado intento de ruptura constitucional se llegó por culpa del Pacto del Tinell y la situación provocada por las crisis económica e institucional que vivía España. Es algo que se puede repetir y el origen, gobierne quien gobierne, estará en las cesiones que se están haciendo actualmente. Esta descomposición institucional no es un acto de un único día, sino un proceso provocado por políticos que actúan a corto plazo.

Es posible que la estrategia de alianzas con comunistas, antisistema, independentistas catalanes y bilduetarras permita consolidar un frente postelectoral que impida un gobierno de centro derecha. Esta ruptura de los procesos de alternancia es muy peligrosa cuando se realiza trasladando el eje de la gobernabilidad al radicalismo ideológico y al rupturismo constitucional. Una victoria socialista con una mayoría amplia, como sucedió con Felipe González e, incluso, con Zapatero, no pone en riesgo a España y la convivencia social. El problema es cuando se depende de personajes como Iglesias, Otegi, Junqueras o Puigdemont, por citar algunos socios coyunturales o permanentes. Nada que ver con lo que sucedía cuando los aliados podían ser Izquierda Unida, el PNV o CiU. En aquellos tiempos, con los errores que se pudieron cometer o algunas cesiones competenciales, ni el Estado ni la Constitución estaban en almoneda. No se gobernaba a golpe de real decreto-ley y se buscaban acuerdos con el principal partido de la oposición. En cambio, ahora se persigue la confrontación y la descalificación. Por ello, el frente formado por la izquierda y los independentistas es una catástrofe para España. Estaría bien que Sánchez tuviera presente los gobiernos de gran coalición alemanes, porque es lo que haría un político que antepusiera los intereses de su país a cualquier otro planteamiento. Nada bueno puede salir de un frente de esas características.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).