El precio de los presupuestos: más de 2.000 millones en cesiones a los socios del Gobierno

El Gobierno ha conseguido aprobar sus terceros presupuestos en lo que va de legislatura, pero el precio que ha tenido que pagar por los de 2023 es seguramente el más caro: ha concedido la supresión de la sedición a Esquerra, la renovación del cupo vasco al PNV y el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra a Bildu. Esas tres cesiones son las que más foco han concentrado durante las negociaciones presupuestarias a lo largo de todo el mes de noviembre, pero las contrapartidas del Gobierno a sus socios parlamentarios han ido mucho más allá.

En total, el Gobierno ha aceptado 281 enmiendas de los grupos, de un total de 5.440 que han presentado. ¿Y qué valor económico tienen? Entre las enmiendas y otros acuerdos políticos extrapresupuestarios, se puede estimar que el valor total de las cesiones del Gobierno a sus socios es superior a los 2.000 millones de euros. En concreto, el Gobierno ha logrado el apoyo de 187 diputados: los 120 del PSOE, los 33 de Podemos, los 13 de Esquerra, los seis del PNV, los cinco de Bildu, los cuatro del PDeCat, dos de Coalición Canaria, dos de Más País, uno de Compromís, uno del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y la independiente María Pita. Es decir, el Gobierno ha logrado sacar adelante las cuentas con doce diputados más de los que necesitaba (la mayoría absoluta está situada en 175), por lo que hay partidos y cesiones que eran más que prescindibles. Con el PP, que tiene 88 diputados y ha presentado 2.400 enmiendas, el Gobierno ha rechazado pactar nada.

Esquerra, el partido que más diputados aporta a la mayoría de investidura, ha logrado sacar la reforma del Código Penal para suprimir la sedición, a pesar de que Gobierno y republicanos traten de desvincular esa negociación de los presupuestos, y 46 enmiendas con un valor de 1.050 millones de euros. De todas esas enmiendas, la que mayor relevancia tiene es la que permitirá a la Generalitat asumir parte del control de las inversiones del Estado en Cataluña y va acompañada de una transferencia de 900 millones de euros (en concreto, el nuevo sistema consiste en que Gobierno y Govern deciden dónde se invierte y la Generalitat ejecuta y adjudica).

El PNV se ha quedado a 34 enmiendas de conseguir su objetivo, que pasaba por asegurarse casi 200 millones de euros a cambio de sus seis apoyos a las cuentas. Los nacionalistas vascos ponían el acento en la necesidad de atender a la “agenda vasca” y ese ha sido precisamente el motivo por el que rebajaron sus condiciones. Finalmente han logrado introducir 50 enmiendas al texto legislativo con este fin, que suponen una inversión de 79 millones de euros para la comunidad vasca y navarra en materias de derechos humanos, proyectos de I+D+i, infraestructuras ferroviarias y viarias, programas culturales, defensa del euskera y actuaciones en el litoral. Destacan 25 millones para el Guggenheim Urdaibai, 10 para mejorar la depuradora guipuzcoana Edar Loiola y otros nueve para actuaciones en el río Zandorra en Álava. Desde el partido sacan pecho por haber sacado rentabilidad respecto al año pasado en hasta 41 millones.

Bildu ha conseguido un acuerdo político que cuenta con la transferencia de las competencias de tráfico como punto más simbólico (también el tope de alquileres en el 2% y la subida de las pensiones no contributivas durante todo 2023) y ha conseguido también introducir 35 enmiendas parciales. En conjunto, entre ambas cosas, ha logrado 480 millones de euros.

El PDeCat también ha logrado contrapartidas importantes: la principal, tiene beneficios para toda España, que es un acuerdo por valor de 30 millones de euros para extender la gratuidad del transporte público de Cercanías a las líneas de autobús de ámbito nacional. En total, son 86 enmiendas que tienen un importe de 40 millones de euros y van destinadas prácticamente todas a Cataluña (centros de investigación, equipamientos culturales, entidades sociales o equipamientos municipales).

Coalición Canaria logra introducir 21 enmiendas en total, que supone un paquete de casi 200 millones de euros en el que se incluye una partida de recuperación de 100 millones para atender la situación económica y social en La Palma. Consiguen, además, la compensación del 60% en el IRPF a todos los ciudadanos que vivan en La Palma durante 2022 y 2023. El partido canario también se congratula de haber alcanzado un pacto por 1,5 millones para el Plan de Salud Mental para La Palma. También se llevan 81 millones para subvencionar al 100 por cien a los abonos de transporte y compensaciones de los costes del transporte de mercancías entre las islas y con origen o destino al archipiélago.

Más País, partido de Íñigo Errejón, ha logrado más de 13 millones que serán destinados a inversiones en transportes, subvenciones a organizaciones medioambientales y un plan para fomentar la instalación del autoconsumo colectivo.

Compromís ha logrado hasta 62 millones de euros para la comunidad. Las inversiones se concretan, sobre todo, para la provincia de Alicante que se quedará con 51 millones. Cinco millones se destinarán para los servicios de Cercanías o carreteras. Otros dos serán para la financiación del transporte metropolitano de Valencia. Incluyen entre las partidas financiación para inversiones culturales para Valencia, entre las que destaca un millón de euros más para el Museo de Bellas Artes u 80.000 euros para la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. Los presupuestos aumentarán la inversión para la remodelación de las vías altas de velocidad en Alicante en 15 millones y la misma cantidad para un tramo del Corredor Mediterráneo.

Finalmente, el PRC ha logrado introducir cinco enmiendas con un valor de 20 millones de euros, aproximadamente (los regionalistas cántabros destacan inversiones en materia de infraestructuras para el AVE y Cercanías y dinero para saldar determinadas deuda, como Valdecilla).