Que no nos tomen por tontos

Ha hecho bien el PP en pedir al Tribunal Constitucional que suspenda la ejecución del acuerdo que permite al Gobierno tramitar las enmiendas a la proposición de ley que deroga el delito de sedición y abarata la malversación, consensuadas por el PSOE con los independentistas, y que modificarán el funcionamiento del Poder Judicial y del propio TC. Los populares han estado hábiles recurriendo con rapidez a esta estrategia de amparo ante el Alto Tribunal, para impedir lo que consideran con razón una auténtica “cacicada”, el “uso fraudulento” de los trámites parlamentarios para que dichas enmiendas prosperen.

Habrá que ver ahora como resuelve el asunto el TC, que ha convocado reunión de urgencia para debatir si suspende cautelarmente la ejecución de ese acuerdo que permite la modificación por la puerta de atrás tanto de la ley orgánica del Poder Judicial como la que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, de manera que la Justicia pase a ser un instrumento más en manos del Gobierno, como lo es hoy el poder legislativo.

El partido de Feijóo había presentado ante la Mesa de la Comisión de Justicia y la Mesa del Congreso las peticiones oportunas para que las enmiendas no fueran admitidas a trámite. Planteamiento lógico al tratarse de dos asuntos no menores, que en buena lógica requerirían de leyes específicas. El problema es que la mayoría frankenstein las ignoró, razón por la cual los populares optaron por presentar un recurso de amparo al TC contra los acuerdos de los órganos de la Cámara Baja que han permitido que tales enmiendas fueran aceptadas para su tramitación.

Ese es el fondo del asunto que ahora se debate. No hay que ser ningún lumbreras para colegir que el planteamiento conjunto de Sánchez con Junqueras supone un atentado más contra la separación de poderes en España, ya tocada de muerte desde que en 2008 el Gobierno de González proclamara el enterramiento de Montesquieu inventando un modelo de elección del Poder Judicial mediatizado por los partidos, y que permite en realidad que quien manda en el Ejecutivo controla a su vez el Legislativo y también a los jueces.

Control de la Magistratura que el Gobierno necesita para materializar su reforma territorial en alianza con ERC y Bildu, dos partidos que promueven referéndums en Cataluña y el País Vasco, que podrían desembocar en el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la subsiguiente independencia de ambos territorios. Dice el PSOE y sus ministros que eso nunca se va a producir. A lo que los principales partidos de la oposición responden con el lógico choteo: si Sánchez dijo que no había indultos, y los ha habido, y que no se derogaría la sedición ni rebajaría la malversación, y están dispuestos a hacerlo, por qué no pensar que va a suceder lo mismo con el referéndum que exige el independentismo. Lo expresó el otro día muy claro Junqueras: “Sedición y malversación no serán un punto final para nada, sino una coma o un punto y aparte”. Después vendrá el referéndum. Se lo apuntó también con claridad Guerra a Alsina en Onda Cero. Le llamarán como quieran, pero será un referéndum. Aspecto aclarado por Salvador Illa al asegurar que “no habrá autodeterminación, pero si consulta a los catalanes”.

Todo empieza a quedar claro. Acordaron los indultos igual que después la sedición y ahora la malversación. Y el referéndum forma parte de la misma hoja de ruta. Dirán que es consultivo, pactado o de otra manera, pero los referéndums los carga el diablo. Que le pregunten sino a Cameron en Gran Bretaña o a Santos en Colombia. Amén de que sólo sería legal con el visto bueno previo de las Cortes para modificar el estatuto.

Por eso hace bien el PP en poner en marcha toda su artillería legal para frenar esta operación, “que es lo que parece”, en palabras de Page, quien añadió con razón: “Que no nos tomen por tontos”.