La amnistía de Conde-Pumpido

La Historia no amnistiará al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, cuando perpetre el mayor atropello que sufrirá la Constitución desde su aprobación en 1978. Lo hará con el voto de las magistradas y los magistrados sanchistas basándose en el informe que han elaborado un grupo de letrados escogidos por Conde-Pumpido y que ocupan esas plazas tras ser designados a dedo por el bloque progresista. Por tanto, su adscripción al Tribunal Constitucional es temporal y no es el resultado de una oposición, ya que no se han vuelto a convocar desde hace décadas. Era más cómodo no contar con un cuerpo permanente en lugar de hacer que prevaleciera el mérito y capacidad propio de una oposición específica. A lo largo de estos años, entre esos letrados ha habido de toda condición, incluidos algunos de incuestionable calidad jurídica, aunque ha sido muy útil para colocar a amiguetes dispuestos a redactar el informe que quisiera quien le había nombrado. Al denominarse letrados del Tribunal Constitucional se produce una cierta confusión, porque los creemos adornados de unos méritos, como sucede con los letrados del Consejo de Estado o de las Cortes, que no tienen. Por supuesto, provienen de alguna profesión jurídica, pero su valor más importante es la fidelidad.

Es llamativo que Conde-Pumpido haya necesitado organizar una comisión de letrados de izquierdas para que elaboren el texto que necesita para perpetrar una tropelía que eclipsará el triste y polémico voto de García-Pelayo con la sentencia de Rumasa. Los juristas más prestigiosos de nuestro país, con sensibilidades ideológicas diversas, han expresado su rechazo a una amnistía que es un fraude de ley. Ha sido un instrumento para que Sánchez comprara la presidencia del Gobierno. No es una interpretación mía, sino lo que han dicho tanto los compradores como los vendedores. Lo peor es que desde el minuto uno en que alcanzaron el acuerdo y antes de que viera la luz la chapuza de la proposición de ley, el Gobierno aseguró que la sentencia del Tribunal Constitucional sería favorable, ya que para ello estaba Conde-Pumpido. Por tanto, en este caso hay que reconocer que Sánchez y sus colaboradores no han mentido. Con respecto a los letrados que han seguido sus instrucciones no hay más que valorar sus brillantes trayectorias, ya que eclipsan al propio Kelsen.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)