La amnistía naufraga en Venecia

No hay que ser un fino jurista para constatar que la proposición de ley de Amnistía, al margen del debate sobre su constitucionalidad, es una de las mayores chapuzas de nuestra historia legislativa. No me refiero a los últimos años o décadas, sino desde los primeros textos que se elaboraron en la Hispania Romana. Es cierto que el sanchismo ha perpetrado auténticos atentados contra el Derecho que no elaboraría ni un estudiante. Este exasperante ejercicio de mediocridad ha alcanzado su culminación con el bodrio perpetrado para complacer a Puigdemont y a los delincuentes que le acompañaron en su rebelión contra el ordenamiento constitucional y estatutario. En los años que me he dedicado a la docencia de la Historia del Derecho y las Instituciones no recuerdo en el compendio de leyes que he estudiado algo que se aproxime a este despropósito. La técnica utilizada muestra la inconsistencia de sus autores. La incoherencia que rezuma, desde la exposición de motivos al texto articulado, es fruto de sus lagunas académicas. Unos no se creen la norma y otros son, simplemente, unos ignorantes del Derecho. No me sorprende conociendo a los leguleyos de Junts y ERC.

La Comisión de Venecia ha emitido una opinión sobre la materia. Ha conseguido que todos consideren que les ha dado la razón. A estas alturas tengo claro que el Gobierno no la ha leído. No sé si es porque no les ha dado tiempo a traducirla, ya que está en el inglés. Les puedo recomendar algún programa para que aclaren sus ideas. A lo mejor no la han entendido. Mi conclusión es que es demoledora en su apreciación de que “los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados” y que necesitaría una mayoría amplia. Es pintoresco, por ser generoso, que el Gobierno defienda que la opinión de la Comisión avala por unanimidad la proposición de ley de amnistía. El sanchismo presenta una grave patología, porque me temo que se cree sus propias mentiras. Es algo que he visto muchas veces y no me causa sorpresa. Por tanto, impondrán una ley basada en la mentira de la reconciliación, que es un bodrio técnicamente y que es inequívocamente inconstitucional.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UINE).