El arcén de la democracia

En Creta se conduce por el arcén. Los dos carriles de la «New National Road» cruzan la isla de oeste a este y, para evitar el colapso de una circulación ya de por sí lenta, se permite, de facto, que el margen lateral de la carretera sea una especie de carril izquierdo que deje espacio suficiente para que los adelantamientos se produzcan por la derecha. El uso de los cretenses se ha impuesto y turistas y viajeros se suman, con más o menos pericia, a ese intento de agilizar la densidad del tráfico. Una práctica aceptada y asumida que no deja de ser una peligrosa costumbre que solo concluirá con la construcción de una autovía que acelere el ritmo de vida isleño. Existen, en cambio, otras rutinas, en otros ámbitos, consolidadas por el paso del tiempo y no exentas tampoco de riesgos, que quizá no encuentren una solución tan sencilla y evidente.

Si nos fijamos en los procesos electorales, y podemos hacerlo con facilidad porque hemos solapado unos cuantos, distinguimos un claro protagonista que sobrevuela mítines, debates y actos de distinto tipo: el programa con el que los partidos concurren a las urnas. Convertido en «leit motiv» de las campañas, los candidatos lo esgrimen de manera recurrente y se apela, de manera casi unánime, a su importancia como indicador de responsabilidad. Leerlos y conocerlos es una obligación cívica. Y los medios dedicamos tiempo y espacio a comparar las propuestas de las distintas formaciones en sanidad, educación o economía para mostrar las distintas opciones que se plantean. Sin embargo, dos meses después del 23J, descubrimos (oh, sorpresa) que los dos asuntos que copan la conversación pública no aparecían en el programa electoral de ninguno de los partidos de ámbito nacional que ahora los defienden.

Ni el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso ni la amnistía para los implicados en el «procés» formaron parte del pacto (simbólico) entre electores y candidatos de hace apenas 60 días. Y ninguno de los dos cumple el requisito de responder a un hecho sobrevenido (qué nos contaría Ortega de su «conllevanza»), no se trata de abordar una pandemia o una guerra con sus exigencias de celeridad. Es más, tanto uno como otro, fueron ya rechazados expresamente: el PSOE votó el 21 de junio de 2022 en contra de permitir el catalán, gallego y euskera en la Cámara Alta y el rechazo a la medida de gracia colectiva ha sido público y notorio en los últimos seis años. Ambas cuestiones representan, por tanto, una quiebra del contrato con los ciudadanos y la consolidación de una (mala) costumbre que haríamos bien en desechar si queremos dejar de circular por el arcén de la democracia.