Feijóo ha prometido derogar cuando llegue al Gobierno todas las concesiones del presidente Sánchez a los nacionalistas vascos y catalanes que supongan un privilegio para estas regiones. No hace falta repasar la lista interminable de mercedes, que suponen un agravio al resto de comunidades y posiblemente un quebranto del orden constitucional. Se otorgan para que estos grupos minoritarios sostengan al Gobierno sanchista, lo que tiene trazas de constituir una grave corrupción política. Los privilegios más escandalosos han sido la amnistía a los insurrectos catalanes, en manos ya de la Justicia europea, el concierto económico catalán en marcha y la sumisión al PNV y a Bildu. Sin perjuicio de la posible dimensión penal de algunas de estas actuaciones, hará bien el dirigente del Partido Popular en no comulgar con tales ruedas de molino.

Pero la funesta experiencia del Gobierno «Frankenstein» obliga a ir más allá. Destacados observadores están proponiendo modificar la Ley Electoral para acabar de una vez con la influencia excesiva de los separatistas en la política nacional. La connivencia interesada del PNV y Junts con el sanchismo, a pesar de la creciente acumulación de argumentos para dejarlo caer, está cargando de razones a Feijóo para acometer en cuanto llegue a La Moncloa la modificación de la Ley Electoral. Basta con elevar al 3 por ciento a escala nacional la barrera de votos para que estas fuerzas políticas regionales dejen de tener representación o influencia decisiva en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno de la nación. Tendrían que conformarse con estar presentes en el Senado, que es la Cámara de representación territorial.

Durante la Transición y la etapa constituyente hubo especial interés –en el caso del presidente Adolfo Suárez conocí esta preocupación de cerca– por incorporar a los nacionalistas vascos y catalanes al sistema constitucional. Se logró plenamente con los catalanes y a medias con los vascos. Se pactó con unos y con otros esta generosa concesión en la Ley Electoral a cambio de colaborar lealmente en la gobernabilidad y de renunciar a exigencias separatistas. Han pasado los años y los nacionalistas han roto el pacto. La continuidad y el funcionamiento del Gobierno dependen hoy de los herederos políticos de ETA y de un político catalán prófugo de la Justicia, que vive en Waterloo. Parece que ha llegado el momento de acabar definitivamente con esta nefasta servidumbre. Las ventajas de la reforma superan con mucho las contraindicaciones. Es el arma secreta de Feijóo. El apoyo a Sánchez y el desprecio al centrista gallego son errores de los nacionalistas que se pagan caro.