Asalto a la Justicia

Se jactaba Sánchez, antes de su pacto con Podemos, de que cuando hablaba con Iglesias éste siempre le insistía en la necesidad de controlar el CNI, los medios y la Justicia, pero que para él lo importante eran la Sanidad y la Educación. Años después, Sánchez ha pasado de enfatizar lo social para centrarse en lo judicial.

La realidad es que en nuestro país no hay auténtica división de poderes. El Legislativo y el Ejecutivo son casi lo mismo, y apenas queda resquicio de independencia en el ámbito Judicial. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un tribunal más político que nunca, controlado por el Gobierno a través de su presidente y varios vocales de obediencia socialista. Pero el Ejecutivo sigue sin tener el control pleno del CGPJ y el Tribunal Supremo, algo que espera conseguir superada la investidura. ¿Cómo, si es necesario un acuerdo con el PP, que no se va a producir?

En la oposición se temen lo peor. Temen que la renovación del Consejo General del Poder Judicial se haga a las bravas, por la vía de urgencia y modificando unilateralmente la fórmula de elección, de manera que se designen 12 vocales por mayoría simple del Congreso, sin tan siquiera la intervención del Senado. Algunos representantes del Frankenstein sostienen que una sentencia reciente del TC señala que la Constitución no dice expresamente que deba designar seis vocales el Congreso y seis el Senado. La consecuencia sería un nuevo CGPJ con 16 representantes progresistas y 4 conservadores. Ese CGPJ nombraría las 80 plazas vacantes en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Supremo, con un perfil claramente partidario.

¿Es posible? Sí, porque entienden que el actual TC daría su visto bueno «constitucional». El problema es que sería un auténtico golpe ante el que el PP no podría quedarse de brazos cruzados. En realidad, en Génova ya están preparados para un escenario extremo de ese tipo o similar. Tras legalizar la amnistía se temen un paso más, al considerar que Sánchez no tiene límites y su objetivo final es la mutación constitucional. O sea, modificar la Carta Magna por la vía de resoluciones del TC, pero sin cambiar su letra. En ese caso, retiraría la oposición todos los recursos ante el alto Tribunal, pidiendo a los vocales conservadores que se ausentaran, rompiendo el mínimo quórum exigible (8 vocales) para funcionar, y llevando el caso a Bruselas para que se aplique el artículo 7 del Tratado de la Unión, por vulneración del Estado de derecho. Puede parecer fantasía, pero es una hipótesis extrema con la que se trabaja.

Aunque lo tangible es la amnistía, que hace un par de meses también parecía imposible. Sánchez la defiende como la única forma de impedir un gobierno de la derecha. Ahí es donde algunos juristas ven un caso de prevaricación administrativa. La declaración de Sánchez ante el Comité Federal no deja duda. No es por mejorar la convivencia, que en realidad está peor que nunca. Tampoco es por el bien de España, sino por seguir en la Moncloa. Prófugos de la Justicia se auto-amnistían en connivencia con el candidato a presidente usurpando a la Judicatura. Un fraude de ley de libro que violenta al Poder Judicial y vulnera el principio de igualdad de los españoles. Por mucho que el TC diga que es constitucional.