Los brutales ataques contra la Justicia

Los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA quieren acabar con la separación de poderes. No hay que sorprenderse, porque han «importado» los métodos de la izquierda comunista, radical y antisistema de los partidos que forman el Grupo de Puebla. El Foro de Sao Paulo fue creado por Lula da Silva y Fidel Castro, un paladín de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Sobre mi mesa tengo los dos volúmenes de las «Guerras jurídicas contra la democracia», el primero está dedicado al «lawfare en América Latina» y el segundo es específico sobre Brasil. La ventaja es que son juristas mediocres que solo consiguen producir bazofia intelectual. Hay que leerlos, así como otras producciones memorables en defensa de Cristina Kirchner, otro icono de la izquierda y una acreditada corrupta, o en contra del imperialismo. Me rejuvenece regresar a las lecturas inspiradas en la propaganda soviética de la Guerra Fría. Los sistemas totalitarios y su versión light de los populismos autoritarios comparten la obsesión de destruir la separación de poderes.

El primer paso siempre es blanquear a los grupos terroristas con la excusa de integrarlos en la democracia. Lo hemos visto en muchos países de Iberoamérica. Con ello, como ha sucedido con Bildu, controlada por Sortu, se les hace atractivos y se convierten en aliados dentro de la estrategia de demolición de los sistemas constitucionales. Otro aspecto clave es hablar de soberanía popular para arrinconar a la oposición y atacar a los jueces y los fiscales, aunque siempre encuentran alguien dispuesto a hacer un «pumpidazo» para blanquear el autoritarismo democrático. El problema del acoso y los ataques contra la independencia de la Justicia es que tiene unos efectos demoledores en la UE. No somos un país bananero en el que puedan campar a su aire los defensores del castrismo y el peronismo. Las comisiones para investigar esa chorrada del lawfare, inventado por los neomarxistas del Grupo de Puebla, no es algo que vaya a aceptar la UE. Por cierto, los jueces no están sometidos al control de los tribunales populares parlamentarios que quieren montar Puigdemont, Junqueras y Otegi.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)