O censura o la voz directa del pueblo soberano

A las 6 de la tarde de mañana jueves, se conocerá el veredicto de la militancia de Junts, que a partir de hoy tiene abiertas las urnas para decidir si ratifica o no la ruptura de relaciones con el sanchismo instalado en el Gobierno. Dando por terminado su decisivo apoyo, con el que permanece en él desde hace tres años. Las urnas en este caso no son las de un referéndum inconstitucional como el de hace 8 años –el del famoso 1º de octubre de 2017–, sino un plebiscito legal y sencillo, para que, con el aval de sus afiliados, tenga Puigdemont las manos libres para concretar la ruptura decretada con Sánchez. Con la insostenible situación de una coalición social comunista que ya no dispone de mayoría en el Congreso y que carece de Presupuestos aprobados por las Cortes Generales desde hace tres ejercicios, en una anomalía impropia de una democracia parlamentaria occidental. Es muy oportuno recordar que Sánchez llegó al Gobierno mediante una moción de censura tras haber sufrido en dos sucesivas elecciones generales las dos mayores derrotas del PSOE desde 1977, con 89 y 85 escaños respectivamente en 2015 y 2016. Y que la censura la justificó en la necesidad de «luchar contra la corrupción y preservar la calidad de nuestra democracia». Quien la defendió en nombre del grupo parlamentario socialista, y como garante de ese compromiso, fue un diputado hoy muy conocido, de nombre José Luis Ábalos. Con ello queda todo explicado. Así, esa «calidad» de nuestra democracia es tener instalado al sanchismo en el Gobierno, sin mayoría parlamentaria para legislar y sin Presupuestos para gobernar, e incluso habiendo perdido las últimas elecciones generales en 2023. Sánchez no va a irse de la Moncloa «ni siquiera con agua hirviendo», como dijera un distinguido socialista, y la cuestión es cómo conseguir desalojarle para que no arrastre a España y su democracia con su indigna actuación política. Los instrumentos constitucionales más idóneos son la moción de censura en manos de la oposición y la cuestión de confianza, en las suyas. Esta última o la dimisión sería sin duda la elegida por un digno titular del Gobierno, pero, por obvias razones, no es el caso que nos ocupa. La moción solo podría gestionarse con un candidato no susceptible de ser rechazado ni por el PP, Vox o Junts. Lo que exige un consenso es cuanto a esa persona que tendría como único compromiso el de convocar inmediatamente elecciones para dar la palabra al pueblo soberano. Caso contrario, debería ser la pacífica, legal y contundente voz del pueblo en la calle la que muestre su rechazo a la actual situación.