Enrique López

El pueblo español: único soberano

La Razón
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Ante el disparate que se vive en Cataluña, además de la aplicación de la ley a los que la trasgreden, se requiere un reforzamiento del patriotismo constitucional y defensa de la Democracia. Lo primero que debemos afirmar es que la Democracia es un bien en sí misma y por ello se debe combatir cualquier atisbo de intento de referéndum en Cataluña, precisamente por atacar la esencia de la Democracia española. El reino de la virtud constituía para Montesquieu el principio de la democracia contrapuesto al miedo, el cual es el germen del despotismo. La Democracia no solo son ritos y formas, es necesario una fe colectiva en la misma como único sistema político que permite el ejercicio de las libertades públicas y el respeto a la dignidad del ser humano. Resulta un peligroso pecado democrático ampararse supuestamente en la Democracia para atacar a la misma. Para ello, necesitamos ciudadanos educados cívicamente, puesto que la educación es el mejor antídoto frente a la demagogia política y el intento de engaño colectivo que se están pretendiendo en Cataluña. No cabe duda que el caldo de cultivo es y ha sido la educación que se ha fomentado en esta Comunidad. Hasta ahora, en nuestro país han abundado ciudadanos indiferentes y poco comprometidos con los asuntos públicos, los cuales, cuando surgen procesos de agitación, son fácilmente movibles hacia el fanatismo, convirtiéndose en rehenes de la demagogia de movimientos radicales que tratan de arrumbar el sistema, y esto es hace que el populismo radical y el nacionalismo particularista se sientan tan atraídos entre sí. Prometen una sociedad mejor y más democrática, pero para ello lo que utilizan es la violencia política como mecanismo para alcanzar sus objetivos. Como decía Montesquieu, la democracia es el reino de la virtud que no necesita preámbulo alguno de carácter revolucionario para construirse, y por ello lo que la forja es el ejercicio cotidiano de la participación ciudadana. Y en esto tenemos que comprometernos, por ejemplo, en la defensa del artículo 2 de la Constitución cuando dice que la misma se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, Patria común e indivisible de todos los españoles, y que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas ellas. La claridad y firmeza de la Carta magna atribuyendo el poder constituyente a la nación española impide la asunción de dicho poder por quien no es el soberano, y soberano sólo lo es el pueblo español. El pueblo español es un sujeto homogéneo y no múltiple, es un sujeto único con identidad propia, que no es el resultado de separadas incorporaciones de sus integrantes. Aquí no hay socios fundadores, tan solo el pueblo español. Como dice nuestro Tribunal Constitucional, la Constitución «no es un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, sino una norma del poder constituyente que se impone con fuerza vinculante general su ámbito, sin que queden fuera de ella situaciones históricas anteriores» (STC 76/1988).