El riesgo de rebeldía tras el 155

La aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat catalana no es ninguna broma jurídica ni política: supone suspender la autonomía y traspasar sus poderes al Ejecutivo central. Una vez completada la activación del 155, pues, cesará la autoridad política que todavía posee el actual gobierno catalán para dictar órdenes a los funcionarios o para recaudar tributos de los contribuyentes. Tales órdenes, perderán todo respaldo institucional: de iure, serán mandatos indistinguibles de los que podría emitir cualquier ciudadano sobre otros ciudadanos, esto es, mandatos no vinculantes y sin eficacia jurídica alguna. Sucede que parte de la función pública catalana, afín a las tesis independentistas, podría negarse a acatar las órdenes del Gobierno central y, por el contrario, seguir aceptando como autoridad política legítima al cesado gobierno de la Generalitat. En ese caso, tales empleados públicos entrarían formalmente en rebeldía: esto es, ante los ojos del ordenamiento español estarían incumpliendo con sus obligaciones legales y contractuales y, lo que es peor, podrían incluso incurrir en la comisión de ciertos delitos (por ejemplo, un funcionario que transfiera parte de la recaudación tributaria al cesado gobierno catalán estaría cometiendo una malversación de fondos de acuerdo con la letra del Código Penal español). En este contexto, por tanto, los funcionarios catalanes deberían pensarse muy seriamente si desobedecer las órdenes emitidas por el Gobierno central tras la activación del 155: como he dicho, no se trata de ninguna broma. Enfrentarse contra el Estado –contra el monopolio de la violencia– puede terminar acarreando consecuencias muy dañinas para todo aquel que lo intente. Los Estados son implacables con quienes cuestionan su soberanía, y este caso no será probablemente distinto. Tan es así que las principales asociaciones sindicales, CC OO, UGT y CSIF, si bien critican la aplicación del artículo 155, se han abstenido de hacer un llamamiento a la rebeldía entre los funcionarios catalanes: no sólo para evitar cualquier responsabilidad penal por inducción, sino porque son conscientes de las terribles sanciones que podría acabar padeciendo quienes se posiciones al margen de la ley. Este más que cierto riesgo de rebelión de una parte de la función pública catalana, por cierto, sólo evidencia que muy probablemente la incertidumbre sociopolítica continuará a partir de este viernes. Y la incertidumbre sociopolítica se traduce en pérdidas económicas para todos. De acuerdo con la AIReF, sólo en 2018 podría costarnos más de 15.000 millones de euros. Tal vez, ni siquiera el artículo 155 de la Constitución consiga evitarlo.