Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, la pareja más influyente de Sillicon Valley, anunció hace meses su intención de legar la práctica totalidad de su fortuna a obras de caridad. Afirmaron que su objetivo era animar a otros a seguir sus pasos. De hecho, no son los únicos multimillonarios que muestran su lado filantrópico. Bill Gates o Warren Buffet forman parte de un grupo de los 28 magnates fundadores de Breakthrough Energy Coalition, iniciativa para investigar y favorecer el uso de energías limpias que eviten el cambio climático.

A esta lista se ha sumado en los últimos días el Sr. Amancio Ortega, con una donación de 320 millones de euros a los hospitales públicos de toda España. Una iniciativa así es de agradecer y quedan fuera de lugar las críticas.

Es verdad que, a través de la donación, se modela el perfil público de los donantes y hace más simpáticas a sus empresas, pero sería malvado pedir a cualquiera que realice una donación millonaria y lo mantenga en el anonimato. La cuestión a debatir es otra, es si la solidaridad en una sociedad debe ser una cuestión de caridad o debe estar administrada por el Estado.

El pago de impuestos ha sido cuestionado en las últimas décadas por el pensamiento más liberal. El hilo argumental se entronca en la idea de que cualquier intervención coactiva del Estado es una pérdida de libertad individual y que un sector público grande es nocivo para la economía.

La cultura norteamericana, una de las más liberales, se fundamenta en un afán real por devolver parte de lo recibido a la sociedad desde la base de que en EE UU se pagan menos impuestos que en Europa y se entiende que sean ellos quienes decidan a qué quieren destinar su dinero en lugar del Estado. La posición ha tenido tanta fuerza ideológica que incluso se han intentado modulaciones a las posiciones clásicas socialdemócratas desde sus propias filas. Un ejemplo paradigmático fue la tercera vía del Sr. Tony Blair.

Sin embargo, un mundo en el que la cobertura de las contingencias de los seres humanos dependiesen de la filantropía de unos pocos y de su voluntad y criterio sobre dónde hay que dedicar recursos sería injusto y arbitrario.

Otro debate es el de cómo deben gestionarse los impuestos. Por ejemplo, se han conocido algunos informes de la Intervención General de la Comunidad de Madrid que demuestran lo que la oposición socialista denunció hasta la saciedad en la legislatura pasada; que el Servicio Madrileño de Salud, durante el Gobierno de la Sra. Esperanza Aguirre, ha asumido gastos millonarios que deberían haber sido asumidos por la UTE responsable del Hospital de Vallecas, de manera que el sistema sanitario, ya castigado por los recortes, fue más estrangulado aún.

La Sra. Aguirre es una ardiente partidaria de las bajadas de impuestos y de la reducción del Estado. El problema es que para curar a las personas hacen falta hospitales bien dotados y los recursos sólo pueden venir de los tributos de la sociedad que deben ser bien gestionados.

Siempre habrá quien quiera tener un compromiso con la sociedad por encima de su obligación tributaria, otra cosa es la cara que se le pondrá a un donante millonario con noticias como la del hospital de Vallecas.