Julián Cabrera

Justicia y Hacienda

La Razón
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«Hacienda somos todos» y «Justicia igual para todos» pasan por ser algo más que dos frases esculpidas de forma especial en una democracia que, como la nuestra, evidencia tanto los mismos síntomas de consolidación y solidez como de exposición a los enemigos naturales del Estado de Derecho, siempre acechando desde los apostaderos de la demagogia, el escarnio público, el linchamiento y el odio secular hacia una supuestamente venturosa o privilegiada clase social, obsesión muy acorde con el legado más oscuro de Robespierre ahora que enfilamos el 222º aniversario de su muerte.

A la infanta Cristina le aguardan varios días de permanencia en el banquillo por ser presunta cooperadora necesaria de los delitos fiscales de los que se le acusa a su marido, algo que debiera ser toda una oportunidad para la hija de Rey y hermana de Rey de demostrar su inocencia, pero que también justifica el temor de la defensa de convertirse en el paradigma de la «pena de banquillo» o algo más desde el inicio el próximo día 9 de las declaraciones a cargo de los 18 procesados en el caso.

Aunque ya ha sido más que valorada y analizada la construcción del argumento jurídico del tribunal que permite juzgarla por delitos fiscales atendiendo a la acción de una sola acusación particular, sí convendría hacer alguna que otra matización sobre la riada de consideraciones que desde los ámbitos político y periodístico se han ido vertiendo a propósito de la demostración de salud de nuestro Estado de Derecho y la independencia de nuestra Justicia, reflejadas en la decisión de las tres juezas del «caso Nóos». Seamos de entrada consecuentes; sentar a la infanta en el banquillo ni añade ni quita a nuestro sistema judicial un mayor plus de solvencia e independencia de los poderes políticos que el no haberlo hecho; esa escala de valores relativa a nuestra madurez democrática no puede ser rehén del sentido más o menos favorable de una u otra sentencia frente a personajes de nuestra vida pública.

La Justicia –y así lo reiteraba por si cabía alguna duda la Casa Real nada más conocerse la decisión del tribunal de no aplicar la «doctrina Botín»– es igual para todos y esa igualdad es válida con independencia del sentido de las decisiones en torno a un personaje relevante, aunque hecha la matización sí sea digno de resaltar lo inédito del caso entre las monarquías de nuestro entorno europeo y la coincidencia con un momento en el que supuestamente podrían sentirse aliviados millones de contribuyentes castigados por la dura crisis económica y estupefactos ante los escándalos de corrupción política. En esa misma línea de respeto a la Justicia tampoco debe obviarse el resurgimiento del debate a propósito de la conveniencia de una renuncia de la infanta a sus derechos dinásticos, sobre todo porque las voces que recuperan aliento en tal dirección, conocida la decisión del pasado viernes, no deberían olvidar que el factor de la presunción de inocencia sigue hoy igual de vigente. Hacienda somos todos y parece que no era un eslogan; tampoco lo es que la Justicia es igual para todos.