Las dudas de la industria

Aunque las enmiendas que el PP ha introducido por vía parlamentaria en la Ley del Medicamento han despertado el optimismo en gran parte del sector sanitario, al devolver al Estado competencias que habían ejercido por la fuerza de los hechos las voraces comunidades autónomas, las compañías sanitarias no las tienen todas consigo ni lanzan aún las campanas al vuelo. El sentimiento es doble: por un lado, aplauden una iniciativa demandada desde tiempos inmemoriales y que casa punto por punto con la necesidad de instaurar un mercado único real que elimine trabas burocráticas y facilite la práctica de negocios. Por otra parte, la industria teme que el proceso de recentralización no sea tan fácil de ejecutar como se expone en el papel. El temor a que esto último suceda tiene causas más que razonables. Por ejemplo, mientras se desarrollan estos días los trámites parlamentarios, dos autonomías dispares, Cataluña y Galicia, regidas respectivamente por nacionalistas y populares, se han lanzado a copiar los polémicos algoritmos valencianos que obstaculizan la prescripción de determinadas moléculas a los médicos. En la segunda, incluso, se ha ideado un código de color verde y negro para los productos que pueden ser recetados y los que no. El escepticismo se hace extensible también sobre los organismos de evaluación terapéutica creados en las autonomías durante los últimos años. ¿Se atreverán los celosos feudos a plegarse ante la voluntad recentralizadora del Ministerio de Sanidad y echar el cierre a comisiones, institutos y otros órganos oficiales? ¿Aceptarán las comunidades desbloquear los programas informáticos destinados a reorientar las prescripciones, tumbar los subastazos, replegarse en sus «cataloguiños» o levantar el veto unilateral a la llegada a los hospitales de terapias innovadoras, pero caras? Ante estas dudas razonables, sólo cabe esperar a ver la letra pequeña y la fuerza coercitiva de la que se dota el Ministerio para imponer su voluntad ante los díscolos.