Los cuentos de la FIFA

La reciente noticia sobre la prohibición de fichar al Real y Atlético de Madrid, junto con la sanción ya cumplida por el Barça, nos introduce de lleno en una curiosa situación: tal cual es la falta de adaptación de las normas FIFA a la realidad social y jurídica de la situación de los distintos países del mundo, con profundas diferencias ente ellos. Recordemos que tanto la FIFA como la UEFA son entidades privadas que controlan las federaciones deportivas nacionales, que en el caso español, además de la normativa FIFA y UEFA, están sometidas al Derecho administrativo español. Esto produce a veces problemas de compatibilidad entre las normas de la FIFA y las de los Estados, y así, respecto a los menores de edad extranjeros que los clubes españoles fichan, donde desde nuestro Derecho interno se sostiene que los menores con permiso de residencia en España pueden ser federados, lo cual, sin más, podría oponerse al reglamento de la FIFA, y por ello han sido sancionados Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. La normativa de la FIFA exige que cuando se fiche a un menor de origen no español se deben aportar los contratos de trabajo debidamente firmados de ambos padres, art. 19 del Reglamento FIFA, el cual indica que se permite la transferencia de menores «si los padres del jugador cambian su domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede por razones no relacionadas con el fútbol». Por el contrario, la Ley 19/2007 de 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia que menciona que el requisito para la participación en una actividad no profesional es que los extranjeros «se encuentren legalmente en España y sus familias», y por ello se puede sostener que cualquier menor con permiso de residencia en vigor puede ser federado y jugar así en categorías no profesionales. Como la FIFA no puede inmiscuirse en la normativa de un Estado, su acción disciplinaria alcanza a los clubes de fútbol. La cuestión que subyace en esta polémica radica en la preocupación por la protección de los menores frente a actuaciones abusivas por parte de los clubes, y ello atendiendo a la debilidad económica y social de sus familias cuando provienen de países poco desarrollados; pero el problema se produce cuando una normativa de aplicación mundial como la de la FIFA no distingue las diferentes realidades sociales, económicas y políticas de cada Estado, desconociendo que en España no hace falta normativa alguna de FIFA o UEFA, porque tenemos los suficientes recursos para proteger a la infancia y la juventud, y ello sin perjuicio del deporte que practiquen. Se da la paradoja de que un niño puede ser escolarizado en cualquier colegio público o privado de España, al margen de dónde residan sus padres, pero no podrían fichar por un equipo de fútbol español. La situación es cuando menos curiosa y exige de la FIFA una superación de su normativa lineal para cualquier país, y discriminar aquellos países donde está proscrita la explotación infantil y juvenil como es el caso de España, y además los clubes de fútbol garantizan una formación integral del menor.