Enrique López

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La Razón
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En medio de una seria negociación para resolver el futuro del Gobierno de España, permanece con mayor o menor intensidad, en función de las necesidades de sus impulsores, que no de los ciudadanos residentes en Cataluña, lo que se ha venido en denominar el «procés», y que, a pesar de su estado agónico, es tan grave, que por sí mismo debería ser el elemento dinamizador de un acuerdo para formar Gobierno. Si se introduce el término proceso independentista en Google, veremos que, en la inmensa mayoría de lo escrito sobre el mismo, aparecen términos tales como farsa, parodia, ridículo, disparate, etc. Que el independentismo catalán carece de una base sólida histórica, racial, religiosa y cultural, es algo que mantenemos muchos, pero la tolerancia debe regir cualquier tipo de discurso, y hay que estar abierto al debate, que nunca se alimenta con argumentos sólidos desde la élite catalana, mas allá de colocar la señera al lado de nombres de deportistas españoles en Brasil, o transformar banderas de España en señeras, creyendo que sobre la base de emborronar se puede crear una realidad diferente. Pero lo realmente llamativo es que el impulso del movimiento secesionista en Cataluña no se encuentra en la acción popular, esto es en el pueblo, sino más bien en las más altas esferas del régimen político creado. El independentismo catalán es un movimiento doctrinario impuesto por una minoría dirigente desde hace décadas, utilizando para ello las instituciones públicas y privadas, pergeñando un sistema educativo segregador y, cómo no, con la inestimable ayuda de muchos medios de comunicación. Si hablamos de etnias y genética, pocos pueblos son tan homogéneos como el español, si hablamos de cultura es difícil identificar una cultura en su conjunto tan característica como la española, y así nos ven en el extranjero, donde por ejemplo al castellano le llaman español. Luchar contra el prejuicio social instalado en el pueblo es difícil, pero no lo es tanto luchar contra el falso prejuicio y coartada instalada exclusivamente en las élites políticas, sociales y económicas, sólo requiere firmeza y defensa del orden constitucional; pero no se deben despreciar las mismas armas que utiliza el desleal, campañas mediáticas agresivas y el uso de pingües cantidades de dinero. Es triste que para poner en valor lo normal, lo históricamente contrastado, se deba acudir a esto, pero no queda más remedio. Los independentistas han sabido llevar el debate y la aspiración al pueblo, generado una necesidad que antes no sentía. Frente a esto hay que afirmar que el pueblo catalán, no es un pueblo subordinado, es tan soberano como el español en tanto se funde en el mismo, como el resto de pueblos de España; en términos del preámbulo de nuestra Carta Magna, «Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». Ahora bien, en términos de Ortega, el problema catalán existe, y no podemos creer que la ley lo puede todo. Desde el cumplimiento de la ley se pueden abrir vías de diálogo que hagan posible la convivencia de la diversidad catalana con la unidad de España.