Conflicto de Muface, también por un puñado de votos

Henry Louis Mencken (1880-1956), crítico literario, académico inglés-americano y encuadrado en el escepticismo norteamericano del siglo XX, pensaba que «para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada». Muface (Mutualidad general de funcionarios civiles del Estado) constituye, por distintas razones, pero sobre todo económicas, un problema para el que el Gobierno, aunque dividido sobre el asunto, parece decidido a buscar quizá la salida menos idónea, pero que según algunos también podría darle más votos en algunos lugares. Es un arma más que de doble filo, pero Sánchez nunca ha temblado ante apuestas fuertes. No obstante, en esta ocasión, «con los funcionarios hemos topado», le diría Don Quijote a Sancho. Muface, que por otra parte actúa de intermediario, proporciona asistencia sanitaria de carácter privado –y a la carta–a los funcionarios que así lo han elegido. Es, sin duda un privilegio, porque el resto de asalariados españoles no tiene esa opción y solo recibe asistencia de la sanidad pública, que –a pesar de la creencia popular muy extendida– ahora no tiene nada que ver con la Seguridad Social, pero esa es otra historia.

Muface, con dinero público, contrata con aseguradoras privadas –Adeslas, DKV y Asisa– el servicio a sus beneficiarios. Paga poco y Adeslas y DKV han rechazado mantener las coberturas, mientras Asisa lo estudia. Significaría, si no hay un arreglo, que 1,53 millones de personas atendidas ahora por la sanidad privada pasarían, de golpe, a la pública. Muchos de los beneficiarios no desean ese cambio. A pesar de ser funcionarios, prefieren la atención sanitaria privada. Habría que analizar qué lleva al 70,26% de los funcionarios a ese preferencia, que no es casual. La crisis actual alrededor de Muface responde, al margen de la cuestión económica –solventable en un país en el que el gasto público consolidado roza los 700.000 millones– a dos motivos. Uno ideológico y otro electoral. El primero procede del rechazo de parte del Gobierno de todo lo que suene a sector y actividad privadas, de las que abomina. El segundo, más taimado, calcula que el traspaso de 1,5 millones de beneficiarios colapsaría la sanidad pública en lugares como, por ejemplo, Madrid, algo que se podría utilizar como baza electoral contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso –la gran obsesión de Sánchez–y horadar sus bases de votantes. Arriesgado, muy arriesgado, porque jugar con los funcionarios es hacerlo con fuego, y una solución equivocada, diría Mencken.