¿Culpable o inocente?

Es el dilema en cualquier procedimiento penal. Es cierto que en unos casos existen pocas dudas, en uno u otro sentido, y en otros es difícil adjudicar la culpabilidad, aunque se tenga la certeza de ella. Nuestro sistema judicial es eficaz y garantista. Su mayor problema es la lentitud provocada por la incapacidad de los políticos de dotarlo de más recursos humanos y materiales. El trasladar la instrucción de los magistrados a los fiscales no aporta nada y siempre he pensado que es la expresión del complejo de algunos políticos que quieren que nos parezcamos a otros países. Por supuesto, son aquellos en los que el presidente del Gobierno o de la República no puede decir, como hizo Sánchez, que la Fiscalía depende de él. Estos tics autoritarios están muy mal vistos en el resto de la UE. En nuestro caso, además, ni siquiera podemos aplicar el término ilustrado al despotismo que le gusta a Sánchez. No hay duda de que el juicio contra el Fiscal General del Estado es histórico, ya que no existen precedentes. Como es normal, proclama su inocencia mientras las acusaciones hacen lo contrario. Es una imagen lamentable.

No me sorprende que hayan aparecido tantos juristas en la izquierda política y mediática que le defienden sin haber estudiado Derecho. Ni siquiera se han leído el auto de apertura de juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos por indiciariamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de Alberto González Amador había enviado al fiscal. Se trata de un tema extremadamente grave, ya que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que las conversaciones entre el letrado y el fiscal son reservadas e impone el deber de sigilo. Lo que sabemos es que hubo una filtración y se atropellaron los derechos de González Amador, así como que el calvario al que ha sido sometido, porque es el novio de Ayuso, no tiene precedentes. Centenares de miles de españoles tienen conflictos con Hacienda y muchos concilian para no tener problemas. No se ha respetado su presunción de inocencia y se ha emprendido una campaña repugnante para presentarle, sin que haya sido condenado, como el mayor delincuente fiscal de la Historia.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)