Derecho de hospitalidad

La inmigración es un fenómeno complejo que requiere de políticas serias, objetivas y alejadas de dogmatismos. Ni la criminalización indiscriminada del inmigrante ni la defensa ingenua de una inmigración sin regulación resultan útiles para abordar un fenómeno que, por su impacto social, económico y cultural, requiere respuestas equilibradas y racionales. La inmigración no es en sí misma positiva ni negativa: es una realidad que depende de cómo se gestione, pero lo que está claro es que solo una inmigración legal, regulada y ordenada ha de ser posible. Son la ilegalidad y la falta de control las que generan rechazo social, tensiones y, en última instancia, favorecen discursos extremistas que se aprovechan del miedo y de la incertidumbre. La regulación migratoria debe ir acompañada de políticas de integración eficaces. No basta con abrir o cerrar fronteras: es imprescindible establecer canales legales claros, realistas y sostenibles en el tiempo. Como ya señalaba el filósofo Immanuel Kant en su obra «La paz perpetua»: «El derecho de un extranjero, al llegar al territorio de otro, no es el de ser tratado como huésped, lo cual requeriría un pacto especial hospitalario, sino un derecho a no ser tratado hostilmente debido a su llegada al suelo de otro. Este derecho pertenece a todos los hombres en virtud de su común posesión de la superficie de la Tierra». El filósofo concibió un «derecho de hospitalidad» que no implica el derecho a ser admitido permanentemente, sino a no ser tratado hostilmente cuando se llega al «territorio de otro». España debe garantizar respeto y dignidad a quienes llegan, pero también debe exigir el cumplimiento de sus leyes y normas sociales por parte de quienes desean residir en su territorio. Asimismo, es fundamental no caer en la tentación de confundir los discursos de odio con discursos odiosos. Los primeros, aquellos que instigan claramente a la violencia o discriminación efectiva contra un colectivo, deben ser perseguidos penalmente con firmeza. Sin embargo, pretender criminalizar cualquier expresión odiosa o de rechazo hacia el fenómeno migratorio resulta contraproducente. El combate de estas expresiones debe hacerse desde el debate público y desde la educación, no desde la vía penal, ya que banalizaría la respuesta penal y debilitaría la necesaria protección contra los verdaderos delitos de odio. Es vital distinguir entre el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, por más desagradable que resulte, y la comisión de verdaderos delitos. La penalización indiscriminada de cualquier discurso incómodo o políticamente incorrecto terminaría erosionando la libertad misma que se pretende proteger. La Biblia también nos ofrece una valiosa reflexión en Levítico 19:34: «El extranjero que resida con vosotros será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto». La sabiduría bíblica invita a la empatía, pero también recuerda la necesidad del respeto mutuo, que solo puede garantizarse a través de reglas claras y una convivencia pacífica y ordenada. En definitiva, España necesita políticas migratorias objetivas, alejadas tanto del alarmismo xenófobo como del idealismo irresponsable. Solo así se podrán afrontar con éxito los desafíos derivados de la inmigración, respetando derechos fundamentales, garantizando la cohesión social y manteniendo intacta la confianza en el sistema democrático. Finalmente, es necesario rechazar la crítica fácil y reduccionista que algunos hacen a quienes defienden estas posiciones de sentido común, tildándolas de oportunismo centrista o cálculo político. Las posturas realistas y responsables no buscan equidistancia, sino eficacia; no pretenden contentar a todos, sino resolver problemas concretos. Defender la legalidad, la integración ordenada y el respeto a las normas no es una posición tibia, sino profundamente comprometida con la convivencia y el Estado de derecho.