El cupo vasco, una anomalía que exige claridad

Sin obviar el ingrediente electoralista de la anunciada oposición de Ciudadanos y Compromís –y de las reticencias del sector andaluz del PSOE– a la nueva Ley del Cupo vasco, lo cierto es que el Concierto Económico que rige las relaciones fiscales entre el Gobierno de Vitoria y el Gobierno central no deja de ser una anomalía en el sistema de financiación autonómica, por más que se trate de una institución constitucionalmente reconocida, aunque anclada en formas políticas del siglo XIX. Una parte de la opinión pública española, mayor o menor, según evolucione la economía general del país, considera la permanencia de ese privilegio, fruto de las guerras carlistas, como un agravio comparativo para el resto de las comunidades, que contradice el principio de igualdad de todos los ciudadanos. Sin embargo, es el sistema que ha regido desde la Transición y lo que se discute el jueves en el Parlamento no es su legitimidad, sino cuál es el montante para el próximo quinquenio de las compensaciones que Vitoria debe pagar por los servicios que presta el Estado en la comunidad vasca. Pero al tratarse de un cupo que el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que negociar en posición de debilidad –ante la negativa del PSOE a contribuir a la estabilidad presupuestaria– convendría que, en vez de en lectura única, el Congreso pudiera analizar con tiempo todas y cada una de las cláusulas. Una anomalía exige, al menos, claridad.