Extremadura repite el modelo de la corrupción andaluza

L a Fiscalía Anticorrupción presentó ayer una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un posible fraude en la concesión de subvenciones a la patronal extremeña (Creex) y a los sindicatos UGT y CCOO para cursos de formación. Si bien la celeridad no ha sido la nota distintiva en esta actuación de los fiscales, por lo menos se conseguirá que el ejercicio anual en cuestión, 2011, no prescriba como los anteriores. Conviene recordar que hace más de un año que la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el popular José Antonio Monago, había denunciado públicamente y puesto en conocimiento de la Justicia sospechas sobre las irregularidades consentidas por el anterior Gobierno socialista extremeño en el reparto de los fondos de formación para trabajadores ocupados. La denuncia se sustentaba en el informe de una empresa de consultoría externa que había analizado facturas, presupuestos, entramados societarios y costes de mercado a lo largo de casi tres años, desvelando irregularidades administrativas que, en realidad, ocultaban escandalosos sobrecostes cargados a la Junta de Extremadura. De momento, y hasta que se agote la investigación judicial, el fraude se estima en 2,4 millones de euros, aunque, con toda seguridad, no es más que la punta de un iceberg cuyo tamaño ya no se podrá averiguar. Respecto al modus operandi, no hay mayor novedad, puesto que parece calcado de los manejos descubiertos en la investigación sobre el fraude de los Fondos de Formación de Andalucía. Lo mismo se puede decir sobre los presuntos implicados, que repiten el molde andaluz: PSOE, CC OO, UGT y la patronal local. La única diferencia es que en el caso de Extremadura la desviación de dinero público era a través de los fondos para la mejora profesional de trabajadores ocupados, y no para los parados. La Fiscalía Anticorrupción justifica su retraso argumentando que ha sido necesario recabar múltiples soportes documentales, referidos, en su conjunto, a más de 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes, y que la denuncia presentada por la Consejería de Empleo en marzo de 2015 se apoyaba en un informe «meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva». Sin pretender cuestionar las razones, seguramente legítimas, que expone la Fiscalía, lo cierto es que esta aparente falta de diligencia –que también viene produciéndose en los medios judiciales andaluces con los casos del ERE y los cursos de formación– alimenta la impresión entre un amplio sector de la sociedad de que existen dos varas de medir a la hora de tratar los diversos casos de presunta corrupción, según afecten al Partido Popular o a otras formaciones políticas. Una doble vara que, por supuesto, sí existe fuera del ámbito jurídico, con los dirigentes de Ciudadanos como su mayor exponente. La corrupción política en España es, sin embargo, transversal y en los casos de Andalucía y Extremadura afecta especialmente al Partido Socialista, cuyos gobiernos regionales parecen haber tejido una tupida red clientelar a lo largo de décadas de ejercicio del poder con mayoría absoluta. De hecho, este episodio que comentamos ha salido a la luz en la única legislatura en que la Junta extremeña no estuvo bajo gobierno del PSOE. La lucha contra la corrupción, siempre tan compleja, no debería ser un arma arrojadiza entre partidos, sino un objetivo común.