Un Poder Judicial fuerte y legitimado

Con fecha del día 3 de pasado agosto, el todavía presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dispuso el inicio del procedimiento para la renovación de este último órgano. Según la Ley Orgánica (6/85) por la que se rige, los miembros del CGPJ deben cambiar en su totalidad cada cinco años, después de un proceso de cuatro meses. En este sentido, se ha cumplido con escrúpulo lo plazos y, tras presentar a los presidentes del Congreso y del Senado la documentación necesaria –los datos sobre el escalafón de la carrera judicial y el registro de asociaciones judiciales–, hay ya un candidato formal. El nombre de Manuel Marchena se vislumbra como virtual presidente del órgano máximo de gobierno de los jueces, según acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, PP y PSOE. Es una decisión importante tomada en un momento delicado para la judicatura y en medio de una campaña que busca desligitimar a uno de los poderes del Estado. La polémica por la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y la mala gestión que ha hecho el TS y, de manera especial, Carlos Lesmes –que ha conseguido concitar el unánime rechazo de todas las fuerzas políticas–, ha aconsejado precipitar un relevo, que, manteniendo los equilibrios entre los vocales –en el siempre encorsetado eje progresita-conservador–, prime la cualificación técnica del nuevo presiente. Sobre este aspecto, el prestigio de Marchena es innegable y, por los procesos en los que ha estado implicado, nadie ha puesto en duda su independencia. Formó parte del tribunal que condenó a Garzón por las escuchas en el «caso Gürtel», pero, por contra, archivó la causa por el cobro de cursos impartidos en Nueva York por el mismo magistrado; mientras ha estado al frente de la Sala de lo Penal del Supremo imputó por el caso de los ERE a Manuel Chaves y Griñán; pero también rechazó los recursos de Iñaki Urdangarín y Rodrigo Rato, que finalmente les llevó a la cárcel. El Consejo estará formado por once vocales propuestos por el PSOE –se supone que Podemos también hará su aportación– y nueve por el PP, más el presidente que deberá sumarse a este último bloque. Sería un flaco favor para fortalecer en estos momentos el CGPJ aceptar maniobras como las del magistrado ponente del «caso Gürtel», José Ricardo de Prada, que, más allá del aprovechamiento político de su exposición, que acabó desencadenando la moción de censura, existen otros vínculos personales que el PSOE, y más concretamente la titular de Justicia, debería sopesar. El cambio en el CGPJ se realiza en momento crucial, dos meses antes de que dé comienzo el juicio contra los dirigentes independentistas. Desde la Generalitat la campaña de presión ha empezado de manera muy irresponsable y que en nada ayudará a la defensa de los encausados. Entra en la lógica de los que atacaron frontalmente al Estado de derecho que quien defiende a éste se acabe convirtiendo en un «enemigo de Cataluña», pero de ahí a considerar a Marchena un «ideólogo de la represión» en tanto que presidente de la Sala de lo Penal sólo muestra la perdida del sentido de la realidad del independentismo, cargo que ahora deberá dejar. Lo realmente urgente tanto para el PSOE como para el PP era que la renovación del CGPJ estuviera a punto antes del inicio del juicio. Ese era el objetivo antes de saber quién será el nuevo presidente y ponente en el juicio, ni precipitarse en elucubraciones sobre cómo se va a desarrollar éste con un mayoría progresista y un presidente conservador. El Tribunal Supremo no debería entrar en el juego del independentismo y mucho menos en sus presiones.