Ya es hora de enterrar a Franco

Nada en el devenir cotidiano de la vida pública española indica que sea necesario para la defensa del sistema democrático y la convivencia pacífica y en libertad de los ciudadanos medidas de revisionismo histórico como las que ha propuesto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a su grupo parlamentario, entre las que se encuentra la exhumación del cadáver de Francisco Franco de su tumba en la basílica del Valle de los Caídos. Se trata, siempre, de actuaciones muy excepcionales como las que llevaron a cabo las autoridades de Alabama o Misisipi, en Estados Unidos, cuando decidieron retirar monumentos y símbolos sudistas como parte de la estrategia para contener el resurgimiento de grupos extremistas de carácter racista, que, a caballo de la victoria de Donald Trump, parecían ganar influencia y visibilidad. Pero en la España actual, la que encara con cierta brillantez la tercera década del siglo XXI como miembro de una Europa por fin reconciliada con sus viejos fantasmas, el único reflejo que se percibe de lo que significó el franquismo, el sesgo antipolítico y despreciativo de la representación parlamentaria, parece haber anidado más en la extrema izquierda populista que en su opuesto ideológico. De ahí, que haya de concluirse, una vez más, que la pretensión de la nueva dirección socialista, que ha perdido la viejas señas de identidad en las que articulaba su discurso programático, tiene mucho de cosmética partidista, de agitación estéril frente a Podemos, aunque sea a costa de traer al ánimo social el período más cruel de nuestra historia. Es juego, además, de ventaja, porque nadie pretende hacer bandera del dictador y cualquier llamamiento a la racionalidad y a la inmutabilidad de los hechos pasados se despacha sumaria y aviesamente con una supuesta reivindicación del franquismo. Sin entrar en el problema que supone para el normal desempeño de la política española el que uno de sus dos principales partidos se haya quedado sin proyecto, más allá del adoctrinamiento moral de la sociedad, y deambule por la periferia del oportunismo, la cuestión de la exhumación de Franco plantea obstáculos legales que ya apreció el Tribunal Supremo cuando rechazó la demanda del ex juez Baltasar Garzón y que, asimismo, fueron puestos de relieve en el dictamen de la comisión de expertos que trató el asunto en el año 2011, como parte de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el anterior Gobierno socialista. En efecto, tal y como estableció la citada ley, el conjunto monumental del Valle de los Caídos tiene consideración de lugar de culto y cementerio. La gestión es, pues, responsabilidad de la Iglesia, de acuerdo a los tratados firmados entre España y la Santa Sede, que siguen en vigor, y se rige por el Código Canónico que, en cuestión de enterramientos, también da voz y parte a las familias de los fallecidos. Además, las competencias administrativas sobre los cementerios están transferidas a las comunidades autónomas y, en el caso que nos ocupa, también habría que contar con el Ayuntamiento de San Lorenzo, puesto que el monumento posee la más alta protección cultural y sólo admite obras de rehabilitación y mantenimiento. Ya en su día, tres de los autores del dictamen, Miguel Herrero de Miñón, Feliciano Barrios y Pedro José González-Trevijano, quien copresidió la comisión consultiva con Virgilio Zapatero, adujeron razones de índole social y política para desaconsejar la exhumación del cadáver del dictador, como que podría provocar división, tensión y separación entre los españoles, y que la historia de un país hay que asumirla con sus luces y sus sombras. Pero, por lo que parece, al PSOE no le preocupa tanto el pasado de España, como su precario presente y su incierto futuro.