Cuando el registro horario de la jornada laboral cumple seis meses, entre moratorias, periodos de información y confusión global de empleadores y los empleados, la realidad es que la Inspección de Trabajo ha abierto ya cientos de expedientes a sociedades con dificultades para someterse a la normativa que podrían derivar en sanciones económicas. La situación demuestra que los recelos de los inspectores sobre un proceso cogido con alfileres para uniformizar un universo tan complejo eran fundamentados.