FUNCIVA publicó en 2010 “Prospectiva y Planificación Estratégica: Pilares de una Política Energética Racional”. Los autores, P. Mielgo, N. Fueyo y quien esto escribe, expusieron un riguroso análisis para España, que se presentó en el Congreso de los Diputados ante la Subcomisión de Estrategia Energética, aprobada en 2009, para 2010-2035. Entonces, pensábamos que los políticos construirían puentes para actuar consensuadamente y sugeríamos la necesidad de pactos de estado.

El sector energético actual evoluciona hacia la descarbonización. El déficit de tarifas de 2010 está prácticamente resuelto aunque con costes nada despreciables. Sin embargo, persisten problemas sistémicos que afectan a seguridad jurídica y de abastecimiento, rentabilidad esperada de las inversiones, fijación de precios y competitividad industrial. Esta nota reseña algunos retos sectoriales actuales.

- Mix actual. Según Red Eléctrica de España, la potencia instalada y la generación a 31.12.2024 eran 132.343 MW y 262.247 GWh; siendo los porcentajes respectivos para las energías eólica (24,3/23,2%), fotovoltaica (24,4/17,0%), ciclos combinados (19,8/13,6%), nucleares (CCNN) (5,4/20,0%) e hidroeléctricas (15,4/13,3%), que completan el grueso del parque generador (118.249 MW/89,4%; 228.499 GWh/87,1%).

Una potencia creciente (incremento total 90%, de 70 a 132 GW, y renovable 230%, de 27 a 89 GW, con el resto constante en 43 GW) contrasta con una demanda comparable a la de 2004. En 2004-2024 ha aumentado la generación sin emisiones de CO2 un 80% y ha disminuido la de tecnologías que aportan sincronismo (ciclos combinados, nuclear e hidroeléctrica) un 40%. Se ha reducido la importación de energías primarias. No de los productos petrolíferos, usados en transporte, ni del gas, cuyo suministro depende prácticamente en su totalidad del exterior. Destaca la penetración de las energías renovables (EERR) en la generación eléctrica (del 19% en 2004 al 56% en 2024), aunque los costes y las estrategias de implantación en el siglo actual no merezcan una valoración tan positiva. Por ejemplo, entre 2000 y 2010 sobrevinieron dos ‘burbujas’ con un sobrecoste estimado de unos 30.000 M€ (A. Gómez, C. Dopazo y N. Fueyo, Cuadernos Energía 50, 82-92, 2016) por inversiones en ciclos combinados (25.000 MW), respondiendo a incentivos del mercado, y en energías eólica (22.000 MW) y fotovoltaica (3.500 MW), amparada por incentivos de las primas.

- Inversiones urgentes en infraestructuras energéticas. Acomodar porcentajes elevados de generación renovable distribuida en la red eléctrica exige técnicas significativamente diferentes de las de principios de siglo con generación centralizada predominante. La continuidad de abastecimiento precisa, aparte del respaldo de generadores síncronos, almacenamiento a gran escala (bombeo reversible, baterías), interconexiones internacionales eléctricas y gasistas (transportadoras del gas de numerosas plantas de regasificación) y sistemas de regulación de tensión. La construcción aprobada y aplazada del Almacén Centralizado para el combustible nuclear usado en Villar de Cañas ha de ejecutarse. Se ha de invertir en ciberseguridad e implantación de la IA en el sector.

- Actuaciones legislativas y regulatorias impremeditadas y reactivas. Una producción legislativa de baja calidad se modifica o complementa con subsiguientes leyes y reales decretos. Persisten trabas administrativas y falta de agilidad y transparencia normativa para obtener permisos necesarios. Las dilaciones administrativas y la judicialización de procesos de autorización incrementan los costes de nuevas plantas.

- Mercados intervenidos y precios distorsionados. La distorsión de precios envía señales erróneas a los agentes, afectando el atractivo de negocio. Es vital una rebaja de impuestos que atraiga inversiones. Una fiscalidad razonable favorecería la extensión de vida de las CCNN existentes, en línea con tendencias internacionales.

El precio de la energía es una componente esencial de los costes de productos industriales, influyente en la competitividad sectorial. Algunos expertos demandan alternativas al mercado marginalista. Son difíciles de soportar en el mercado eléctrico precios cero o negativos y sus importantes efectos colaterales en los inversores.

- Falta de independencia y necesidad de reforma de los organismos reguladores. La colonización de organismos, donde prima la ideología y el cálculo político en decisiones técnico-económicas, conduce a la pérdida de seguridad jurídica y a la erosión de su prestigio y credibilidad. Estas instituciones deben seleccionar a los mejores expertos ‘incoloros’ para ejercer sus funciones con plenas garantías para la sociedad y las empresas sujetas a su actuación.

- Prospectiva Estratégica (25-30 años) y Planificación Indicativa (10-15 años). Se necesitan estas herramientas para la toma de decisiones, con escenarios alternativos y actualizaciones temporales intermedias en un entorno cambiante e incierto. El PNIEC 2023-2030, aprobado en 2024, sería, en el mejor de los casos, una Planificación de Infraestructuras a corto plazo, impuesta y ‘justificada’ mediante el uso de modelos, con un único escenario, que ignora que la transición hasta 2030 y más allá es alcanzable por diferentes rutas. Hay escasas críticas al Plan y múltiples adhesiones entusiastas por, en un exceso de optimismo, casi cuadriplicar la potencia instalada en energías eólica y fotovoltaica y triplicar la de electrolizadores.

La extensión de vida de las CCNN hasta 2040 (¿por qué no?), el éxito de los reactores modulares pequeños a corto plazo (algunos diseños apuntan a utilizar como “fuel” el “combustible usado” de las actuales CCNN) y la proliferación de centros electrointensivos obligarían a rehacer el PNIEC, examinando hojas de rutas alternativas con otras tecnologías descartadas en su versión actual.

En resumen, la transición guiada por la ideología y el entusiasmo desmedido, sin análisis alternativos y planificación rigurosa, conduce a un “mix” energético incierto. Descuidar las cuantiosas inversiones necesarias para que las nuevas tecnologías abastezcan con seguridad a precios asequibles ocasiona eventos indeseados. Legislar y regular de forma impremeditada y reactiva, sin organismos independientes genera inseguridad. Se necesitan alternativas al sistema marginalista que distorsiona precios y mercados, afectando negativamente a los propios inversores, y a una fiscalidad, que arrumba valiosas instalaciones que podrían seguir operando décadas sin emisiones de CO2. La confrontación entre empresas y administración debe minimizarse. ¿Se ha olvidado que el objetivo común es gestionar con rigor y en beneficio de todos un ‘servicio de interés económico general’?

César Dopazo. Académico Constituyente de la Real Academia de Ingeniería