Ese vapuleado Poder Judicial

No solo son muy pocas las diferencias entre el discurso independentista y el del Gobierno socialista a la hora de mostrar un mínimo respeto hacia la acción de la Justicia, sino que además se está produciendo una paulatina asimilación de postulados de estos últimos respecto a los primeros cuando se trata de salir al paso de casos en los que están inmersos nombres y apellidos del partido que apoya al Ejecutivo. Existe un mantra ampliamente fomentado desde las terminales del independentismo catalán según el cual las urnas son poco menos que un salvoconducto que permite todo a la clase política empezando por saltarse las leyes a la torera por el mero hecho de haber resultado elegidos por los ciudadanos. Una peligrosa trampa populista que sitúa al sufragio popular por encima de cualquier institución del Estado y sobre todo de la división de poderes como clave de bóveda de una democracia. Quienes organizaron el golpe separatista de octubre el año 2017 se ampararon en la «legitimidad» parlamentaria como vía para cometer todo tipo de tropelías y lo coadyuvaron con el imaginario de que la justicia española estaba formada por un elenco de magistrados y jueces entregados a la causa de la derecha cuando no del anterior régimen franquista. España y el mundo vieron un juicio al «procés» en el Tribunal Supremo a puerta abierta y sin una sola mácula a la observancia en la aplicación de las leyes en una democracia ya madura. Después vinieron los indultos y la amnistía dando alas desde el Consejo de ministros a quienes habían sido derrotados por la fuerza del estado de derecho.

Hoy el acorralado por la impasible acción judicial con investigaciones que prometen algunas tardes de gloria es el Partido Socialista con salpicaduras o algo más al propio Gobierno y la dinámica de los argumentarios experimenta un más que preocupante mimetismo con la actitud del separatismo. Las constantes críticas a la acción de los jueces y el permanente ejercicio de situar bajo sospecha a la independencia de uno de los tres poderes del Estado con la misma obstinación estratégica de situar su trabajo bajo el manto de la connivencia con la oposición política, además de ruines resultan un verdadero torpedo a la línea de flotación de nuestra ya de por sí vapuleada democracia. Par buscar cartas marcadas no hay más que asomarse a la fábrica de «ideas» de La Moncloa.