Europa ya es un frente contra la amnistía

Como era previsible con una Ley de Amnistía convertida en un monumento antijurídico y de una arbitrariedad y parcialidad intolerables conforme a los fundamentos capitales del Derecho, las dificultades para su aplicación crecen y se disparan la incertidumbre y las dudas de que pueda aplicarse en los términos y los anhelos para los que fue fabricada por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Si la semana pasada el Tribunal Supremo decidió plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías que controla Conde Pumpido con un auto de una solidez y rotundidad incuestionables, convencido de que se vulnera la Carta Magna, este lunes ha tomado el relevo el Tribunal de Cuentas que ha acordado elevar una cuestión prejudicial a la Justicia Europea sobre la amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el «procés», que afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont y a una treintena de ex altos cargos. En línea doctrinal con los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la consejera encargada del procedimiento defiende que es «muy difícil conciliar» el borrado de los delitos con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» que persigue el derecho de la Unión Europea. En todo caso, es un paso que no debiera sorprender, o al menos no demasiado. Desde el minuto uno de la concepción de ese delirio contra la igualdad, la seguridad jurídica, la separación de poderes y la democracia misma, el consenso de los juristas y los expertos avisó de que Bruselas había extremado su lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afectara a los intereses financieros de la UE y que pretender indultos generales que alentaran inmunidades sobre conductas corruptas que hubieran violentado esos bienes resultaría un camino de espinas con pocas opciones de éxito. Era cuestión de tiempo que Europa se transformara en otro frente en la disputa jurídica, que será también política, contra los planes de Sánchez que socavan como ningún otro cimientos del proyecto europeo como los de igualdad, no discriminación, seguridad jurídica, confianza legítima y, en definitiva, al principio del Estado de Derecho. El Tribunal Supremo ha entendido que el litigio provocado por el sanchismo requería el trámite del Constitucional. Nuestra confianza en que los magistrados sanchistas recuerden su deber y su responsabilidad como defensores de la Constitución y hagan honor a la magistratura que ocupan antes que a su lealtad política es mínima. Por eso, con la premisa de la soberanía compartida, alejada de las tutelas, injerencias y presiones del sanchismo, la justicia europea está en condiciones de restablecer y blindar el pleno orden constitucional amenazado por el mayor acto de corrupción política de nuestras historia que ha culminado en la amnistía ilegal.