De garbeo judicial

Crónica judicial reciente, de apenas un mes. No la truculenta de tribunales, sino la del estado de la Justicia, que no anda exenta de morbosidad. Comienzo con un breve garbeo por Europa, por Bruselas. Allá la Comisión Europea acaba de publicar su informe anual sobre la salud del Estado de Derecho en Europa; me ahorro los países con patologías conocidas –Polonia, Hungría– y voy directo a la chicha, a España.

Nuestros hermanos europeos nos corrigen fraternalmente. Seguimos sin demostrar un mínimo propósito de enmienda: reiteran que no hemos avanzado nada en desgubernamentalizar al fiscal general del Estado ni en la despolitización del gobierno judicial. Constatan que lo del Consejo General del Poder Judicial ya hiede, es un pescado que va para cinco años fuera de la nevera y apesta porque no hemos hecho nada para renovarlo, tampoco para cambiar la ley y que la mayoría de sus miembros los elija la propia Judicatura, que es lo que manda Europa. Con «seria preocupación», así nos ve la Comisión.

Sigo de garbeo y llego a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Acaba de darnos un buen sopapo por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De nuevo es por ese pescado que atufa en el solar europeo, por esa renovación parada desde 2018, allá, cuando estábamos en la XII Legislatura y sigue al expirar la XIV. Dice ese tribunal que en ese tiempo nada han hecho las Cortes Generales para cumplir con su obligación constitucional y convocar una sesión parlamentaria para renovar al Consejo. El sopapo lo encajan las Cortes pero el destinatario de verdad, directo, es el Tribunal Constitucional por ponerse de perfil cuando los demandantes, antes de ir al amparo europeo, llamaron a su puerta y oyeron eso de que no había sitio para ellos en esa posada.

A propósito del Tribunal Constitucional, hace pocas semanas exdiputados peperos, víctimas de sorayismo rajoyiano y recurrentes contra la zapateril ley del aborto, anunciaron que buscarían el amparo del Tribunal europeo. ¿La razón?, esa sentencia que avergonzaría a cualquier jurista, la que proclama que abortar es un derecho constitucional; ignominiosa por eso y porque, para proclamarlo el propio Tribunal Constitucional rechazó apartar a cuatro de sus miembros carentes de imparcialidad (en realidad cinco) porque, si no, las cuentas no le salían. Así se las gastan unos activistas revestidos de juristas: para proclamar como derecho matar al no nacido tienen que negar el derecho –constitucional– al juez imparcial.

Pero me he dado más garbeos, también por los programas electorales de los principales partidos. Voy de menos a más. El de Sumar. No sé si lo que ha llegado a mis manos es un programa apócrifo, pero es el desierto: ni una palabra sobre Justicia y me extraña porque en sus listas va el bueno de Fernando Salinas, exmagistrado y fiel adversario cuando fui vocal y él vicepresidente del Consejo. Conociéndole y que lleva en su ADN algo de martillo pilón, me extraña el silencio de Sumar. Sigo, ahora VOX. Quiere enmendar la politización del Consejo, lo que es plausible, pero no sé si han ojeado la Constitución antes de proponer su oferta: quieren que la elección del Consejo la haga una corte de notables. Y además propone la desaparición del Jurado lo que, francamente, no creo que eso redima a nuestro sistema judicial.

Vamos con los partidos de siempre. El PP. Por décima-no-sé-cuánta-vez promete que los jueces elijamos a la mayoría del Consejo. Silencio y redoble de tambor. Proclamas sobre independencia y algo de fontanería: plan de choque «para desatascar el funcionamiento de la justicia en aquellos juzgados y fiscalías que se encuentren colapsados». Y los clásicos: mucha digitalización, que hay que reclutar más jueces y «fomento de medios alternativos de gestión de conflictos», un empeño que me hace pensar que la ineficacia de la Justicia llevará al interesado florecimiento de esa justicia alternativa.

El PSOE. Mantiene su gran aportación al descrédito de la Justicia, esa que Europa censura. Su programa todo es servicio público, también mucha digitalización y más jueces, esto lo completa con un clásico suyo: «democratizar» el acceso a la Judicatura porque, ojo, son los hijos de los millonetis quienes opositan a juez. Más el bombazo: crear el «Bosque de la Justicia», que los nuevos edificios judiciales frenen las emisiones de CO2 y contribuyan a la sostenibilidad, ¿cómo es que no se enteraron Montero Ríos o Alonso Martínez?

Salvo abandonar el sistema de entera elección parlamentaria del Consejo, los programas dan pereza. Rendidos a un sistema lastrado de inercias, no ofrecen un motor o un coche nuevo, sino recambios chinos, no originales, para un motor viejo: parecen catálogos de tiendas Aurgi. Nada, por ejemplo, de reordenar el mapa judicial o redescubrir aquella Justicia de Distrito o ir a la litigiosidad y sus causas, para zanjarla, no para gestionarla.

José Luis Requero, es magistrado.