Los González, Guerra, Leguina…., ¿dónde están?

El PSOE se enfrenta a una disyuntiva de consecuencias históricas, para ellos como partido, y también para España, en la negociación en la que se ha embarcado el equipo de Pedro Sánchez para continuar en el gobierno. Y el silencio atronador que hasta hoy marca la respuesta socialista a los movimientos que empiezan a visualizarse es indigno y convierte esta representación teatral en un drama shakesperiano, en el que el final no puede ser bueno para nadie. González, Guerra, Redondo Terreros, Leguina…, ¿dónde están? ¿Y Page? ¿Y los demás barones territoriales que están al frente de sus federaciones, y que tienen una responsabilidad por el cargo que ostentan, aunque no estén ya en el gobierno?

El Partido Socialista Obrero de España no puede compartir la deriva en la que se ha embarcado su dirección nacional. Aquellos que hoy callan, por oportunismo político o por miedo, son todavía más responsables que los «fontaneros» suicidas de Sánchez que buscan su oportunidad para trapichear con el ex presidente fugitivo y con los bandoleros que le acompañan. Hay que llamar a las cosas por su nombre y salirse de la dictadura del progresismo bien pagado y que dice lo contrario de lo que sostenía hace unos años sólo porque esperan recoger beneficios de la operación investidura. Ahora resulta que la izquierda entiende la igualdad como un proceso en el que los niños catalanes o vascos tengan más oportunidades que los niños que nacen en Cádiz. Ven la igualdad como el independentismo al que rinden pleitesía, más para unos pocos, y menos para el conjunto. La igualdad como clases territoriales, donde tanto vales como poder periférico ostentes en el Congreso. Yolanda Díaz ya está tardando en acercarse a Extremadura o a Andalucía a explicarles el contenido de lo que presume que se está cociendo con el entorno de Puigdemont para mantener su poltrona. Los mismos que hace un mes decían que la amnistía era inconstitucional se presentan hoy como la avanzadilla que defiende el borrón y cuenta nueva para los que han sido procesados por corrupción y malversación, para los mismos que creen en una España asimétrica en la que el principio de solidaridad interterritorial debe quedar abolido para que Sánchez pueda seguir repartiéndoles prebendas. No se está negociando un programa progresista de gobierno, lo que se tiene que negociar es un programa de reforma encubierta de la Constitución para la casta independentista. Por eso, ya están tardando Yolanda Díaz y otros mesías de la izquierda en explicarlo a los trabajadores del resto de España.