Gracias de corazón, queridos policías

La Policía Nacional cumple doscientos años y nuestros gobiernos siguen regateándoles unos euros a unos hombres y mujeres, como a los guardias civiles, sobre cuyos hombros descansa una de las grandes hazañas de la España contemporánea, la de que, prácticamente, no hay un solo lugar de la geografía patria en la que no se pueda vivir seguro o, lo que es lo mismo, donde nuestros hijos no puedan ir al colegio con tranquilidad. Esta cotidianeidad, que los españoles damos por supuesta, no es fruto exclusivo de las fuerzas policiales, pues también reposa sobre un sistema judicial eficiente, pero son ellos quienes están en la primera línea de batalla y quienes asumen los mayores riesgos. Es, además, una Policía eficaz, que resuelve el 90 por ciento de los homicidios, y, sobre todo, una Policía que ofrece confianza a los ciudadanos. Pongan todas las excepciones que quieran, pero es muy difícil que un inocente se vea perjudicado por un error en la investigación. Hay corruptelas, claro, pero son mínimas y normalmente se limpian por los propios servicios del Cuerpo. Cualquier periodista que haya cubierto sucesos en México o en Honduras, por poner dos países con graves problemas se seguridad ciudadana, sabe de lo que hablo. No es sólo que los índices de impunidad harían palidecer a un romano de los tiempos de César, es que nunca se puede estar seguro de que los tipos a los que se acusa sean de verdad culpables. Si quieren algunos datos, los de la ONU, en España tenemos 0,61 homicidios por 100.000 habitantes –268 muertes dolosas se habían registrado hasta el tercer trimestre de 2023–, mientras que Francia presenta una tasa de 1,14 homicidios por 100.000 habitantes, con el triple de asesinatos que en España y el quíntuplo de agresiones sexuales con penetración, y hay barrios en los que la Policía no puede entrar sin refuerzos antidisturbios. Lo de México, por supuesto, es de traca. El año 2022 acabó con 42.880 asesinatos, a los que habría que sumar varios miles de desaparecidos y se notificaron 88.000 violaciones de mujeres, frente a las 3.693 registradas en España, cifra que no deja de ser una barbaridad y que da cuenta de una lacra que no deja de crecer.

No sé si Puigdemont es consciente de que uno de los componentes que atraen a los emigrantes y que, a la postre, les anima a quedarse entre nosotros es, precisamente, la seguridad que se vive en las calles y que ellos traducen en la libertad recobrada. Lo advierto porque ahora que van a gestionar las competencias migratorias convendría que le sacaran a Sánchez unos dineros para cubrir los nuevos gastos, que no sólo de expulsar extranjeros vive un gobierno. Y, por último, una reflexión a vuela pluma. Los servicios de Estadística y Estudios del Estado deberían calcular qué porcentaje del PIB depende directa o indirectamente del trabajo que llevan a cabo nuestras Fuerzas de Seguridad, incluidos, faltaría más, los cuerpos autonómicos, y cuánto PIB se perdería si policías y guardias civiles se desempeñaran con la misma falta de eficacia, de coordinación y de previsión que, por poner un ejemplo, los ministros del actual Gobierno. Tal vez así, con los datos en la mano, se les caería la cara de vergüenza a unos políticos que regatean unos euros a nuestros agentes y permiten el agravio comparativo de cobrar menos sueldo a igual o mayor trabajo.