Horizonte de justicia y reparación contra ETA

Uno de los deberes capitales de todo estado de derecho que se precie de serlo es perseguir el delito y al delincuente para que esa conducta sea depurada en los tribunales de justicia en un proceso con todas las garantías. Que la vulneración del derecho más fundamental como es el de la vida quede sin respuesta resulta un fracaso sin paliativos del sistema. Que sean decenas de casos, centenares, supone un baldón para la nación que fuere y para su clase dirigente, que normaliza de una manera u otra ese escenario de impunidad desolador para la ciudadanía, y especialmente para las víctimas. En España al menos 379 crímenes de ETA continúan sin resolver a día de hoy. Demasiados con el aviso de la prescripción como amenaza latente, y otros ya prescritos, que han sido objeto de esa otra condena a perpetuidad que es la indiferencia institucional convertida en desesperanza para los que no han hallado la reparación legal y moral que merecen. Han sido décadas de lucha y sacrificio contra la banda asesina y en una buena parte de los servidores del Estado ha prevalecido la entrega máxima en el combate sin tregua al terrorismo y la cercanía con todos los que padecieron sus estragos. A diferencia de la izquierda gobernante actual, esa fue la tónica de todos los ejecutivos de la democracia, con peor o mejor fortuna hasta la derrota policial de ETA, que el PSOE se atribuye tan arbitraria como injustamente en cuanto se le presenta la oportunidad. En este presente aciago para la memoria y la justicia, con los albaceas del terror como socios de Moncloa, la esperanza de que todos los autores de los asesinatos terroristas puedan rendir cuentas ante los jueces se hubiera desvanecido por completo si no fuera por el compromiso crucial y encomiable de las asociaciones de víctimas y los colectivos cívicos y sus letrados que no se han resignado pese al desafecto del aparato del Estado en manos de esa izquierda que ha blanqueado a la banda vasco. La Asociación Española contra la Impunidad es una de esas entidades que pugna en los tribunales para preservar las causas abiertas. Suya es una querella por genocidio contra diez exjefes etarras que podría desactivar la prescripción de los crímenes y que enmarca en «una auténtica política» de exterminio contra el «liderazgo político, intelectual, social, empresarial» de un determinado grupo (en el que incluye los 219 asesinatos de guardias civiles y sus familiares). La denuncia esgrime jurisprudencia del Tribunal Supremo e informes del Consejo de Seguridad de la ONU que apuntalan el fundamento legal de una acusación que nos parece consistente y que ojalá prospere. Con una mayoría parlamentaria determinada a pasar sin más la página de ETA, se abre ahora un reducto de justicia y reparación por obra de un puñado de hombres justos que abochornaría a un gobierno normal con la mínima conciencia. No esperamos de una coalición que ha brindado tantos favores a los legatarios de la banda por unos votos que abrace ya la dignidad y la ética. Sí del que la suceda.