Instituciones SOS

Han alcanzado la categoría de clásicos contemporáneos. Applebaum, Levitsky y Ziblatt diseccionan las democracias occidentales y concluyen que algo no marcha bien: certifican la decadencia, cuando no la muerte, de un sistema que ha sostenido a la civilización y la ha impulsado desde la segunda mitad del siglo XX hasta cotas de bienestar antes no imaginadas. Enlazando puntos comunes en los distintos países, alertan sobre las nuevas revoluciones que no se parecen en nada a las previas porque, para empezar, la mayor parte del debate político se produce ahora en internet o en televisión, pero también porque el destrozo se larva en las propias instituciones. Coinciden estos autores en que los modos autoritarios se filtran través de los organismos oficiales de los estados y los van deteriorando hasta convertirlos en baluartes de los valores antiliberales.

España no es una excepción y las amenazas, en un tiempo que cada vez ofrece respuestas más simples y menos elaboradas, sacuden el suelo constitucional sobre el que nos asentamos. Y esta semana que la Carta Magna cumple 45 diciembres confluyen varias circunstancias que generan la suficiente alerta para activar la reflexión colectiva. Si hay un símbolo de nuestra democracia, en esta sociedad tan audiovisual, es el Congreso de los Diputados. Las figuras de los leones que lucen en la Carrera de San Jerónimo son el icono del 78 y ahora, lamentablemente, uno de los retratos del desprestigio, de esa percepción de los ciudadanos que acrecienta el ocaso. El acto de apertura de la legislatura de esta semana cuestionó la perniciosa conexión entre partidos políticos y cargos institucionales: resultó muy controvertido el discurso de la presidenta de la Cámara Baja Francina Armengol, tercera institución del Estado, por el cruce de intereses que sus palabras dejaban traslucir.

Pero hay otro síntoma, muy claro, del daño que nos atenaza y que parece, además, enquistado sin visos de solución inmediata: la renovación pendiente del CGPJ desde hace cinco años. El asunto se ha instalado en el debate partidista incumpliendo, con ello, el mandato constitucional que delega la responsabilidad para elegir a los candidatos en el Congreso. El olvido sistemático de que se trata de una función que compete de forma exclusiva al Legislativo, y no a ningunas siglas, nos sitúa frente a la evidencia de la distorsión del sistema ejecutada dentro del propio sistema. El gran mal de las democracias. Porque, al final, los representantes públicos pasarán, unos irán y otros vendrán, y cuando lleguen las coyunturas difíciles solo quedarán las instituciones. Salvémoslas.