No es magia, es la Constitución

La mejor prueba de que la Comisión Europea está preocupada por la situación del Estado de Derecho en España es que le ha formulado una pregunta concreta al Consejo General del Poder Judicial, interesándose por los ataques realizados desde ámbitos gubernamentales, fundamentalmente los ministros de Unidas Podemos, contra miembros de la judicatura. Las continuas muestras de desprecio han provocado hasta seis comunicaciones de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y esta misma semana hemos conocido el informe, que cinco de los 17 vocales del CGPJ han remitido a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, para detallar las embestidas “sistemáticas” a las que se han visto sometidos los jueces en estos últimos cuatro años. El documento es demoledor y en él se recogen, a lo largo de 13 páginas, las declaraciones que ha tenido que realizar el propio CGPJ. Junto a ellas, 171 folios documentan, con noticias de prensa recogidas en una muestra representativa y plural de cuatro medios escritos nacionales, numerosos episodios de vulneración del principio de separación de poderes, a través de agresiones verbales injustificables. El escrito concluye que, “teniendo en cuenta que el objetivo del estándar de Estado de derecho definido por la Comisión de Venecia y recomendado por la Comisión consiste en que se eviten las declaraciones de menosprecio al poder judicial que pongan en entredicho su prestigio ante la ciudadanía, entendemos que el efecto que ese tipo de manifestaciones produce en la ciudadanía a través de los medios resulta del todo punto relevante”. El asunto no sólo no es menor, sino que es central de nuestra democracia, porque la justicia es, además de un principio esencial y un poder del Estado, un servicio básico, que antecede, garantiza y repara las situaciones que afectan al resto de los servicios públicos, así como al conjunto de los derechos y libertades de todos los españoles. Y, hoy más que nunca, es también el pilar que asegura tres cosas de la mayor relevancia, como son la necesidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, la defensa de la unidad de nuestra nación y la garantía de la igualdad de todos. Por eso, hemos de entender como parte de un deber democrático expresar el orgullo que algunos sentimos respecto a los profesionales que contribuyen a dar seguridad jurídica a la sociedad, así como a hacerla más fuerte y más libre. Decía Mario Benedetti que ojalá reconociéramos lo que tenemos con la misma facilidad con la que conocemos lo que nos falta. Ello implica admitir la importancia de contar con un Estado de Derecho fuerte y una división de poderes sólida, en una nación capaz de proporcionar, como nunca antes en su historia, estabilidad, bienestar y justicia a todos sus ciudadanos. Gracias a instituciones como las que conforman nuestro sistema de justicia somos desde hace 45 años una democracia plena. El porqué se explica fácilmente: porque la justicia nos hace libres, la ley nos vuelve más fuertes y el derecho nos convierte en mejores. Y no, no es magia, es la Constitución. Un marco que algunos desprecian, que otros quieren cambiar por la puerta de atrás y que muchos protegen de verdad. Sabemos que los problemas nunca se rinden ante las soluciones, y que, en democracia, el voto es el único camino hacia ellas. También que, visto lo visto, los españoles tendrán que pronunciarse en las urnas sobre cuestiones como la independencia de la justicia, la defensa de la Constitución y la fortaleza de nuestra democracia. Decía Quevedo que donde no hay justicia es peligroso tener razón, y razón no le falta.