La situación

La nueva calidad democrática

«Moncloa sabrá dónde sitúa su propio listón ético. Quien tenga memoria recordará que Sánchez se lo colocó muy alto a los demás»

En apenas 48 horas asistiremos a un episodio inédito en nuestra democracia: la comparecencia ante un juez de la esposa del presidente del Gobierno, para declarar sobre la investigación a propósito de si sus actividades privadas colisionan con la condición presidencial de su marido. Igual que ocurre con otras muchas actuaciones judiciales, esta podría quedar en nada, como asegura Pedro Sánchez. Es probable que firmar cartas de recomendación sobre una empresa, siendo la esposa del presidente del Gobierno, no esté penado por la ley (de ser así, habría que preguntarse por qué no lo está). Cuestión distinta es la categoría ética en la que se enmarca una actitud de ese tipo. Moncloa sabrá dónde sitúa su propio listón ético. Quien tenga memoria recordará que Sánchez se lo colocó muy alto a los demás.

El presidente insiste en que en el caso de su esposa «no hay nada de nada», y es posible que sea cierto. Pero cuesta entender que el líder que con tanto ahínco ha puesto en marcha ambiciosas políticas feministas, sea quien realice la defensa pública de su mujer, mientras que su mujer se mantiene en silencio.

En paralelo, Sánchez anuncia el lanzamiento de su «plan de calidad democrática», que propone como primera providencia controlar a los «medios que difunden bulos», en referencia implícita a aquellos que han desvelado las actividades de su esposa mostrando los documentos que las acreditan. Hay países en los que este tipo de actitudes –por ejemplo, que el gobierno legisle contra los medios y/o contra sus adversarios políticos– se califican como autocráticas. Aquí, sin embargo, es calidad democrática.

Nadie podrá negar que la transparencia siempre es buena: quiere Moncloa que se sepa quién está detrás de la financiación de determinados medios que no le gustan. Se supone que, como consecuencia lógica de la aplicación de esa novedosa normativa, también podremos saber cómo se financian algunos medios que sí gustan al gobierno. Y todo esto, al trasponer una normativa europea aprobada con la intención de poner freno a los métodos de desinformación diseñados por los servicios de inteligencia de Vladimir Putin. Nada menos.