Una nueva forma de saqueo para pagar las pensiones

Las vacaciones de Semana Santa no han alterado un ápice el rumbo errático de un Gobierno a la deriva. Tras un asueto especialmente largo en el caso de alguna ministra, como ya sucedió en Navidad, el Ejecutivo ha redoblado, de forma previsible, los ataques a Isabel Díaz Ayuso, la chinita en el zapato de Pedro Sánchez, el verdadero objeto a batir del socialcomunismo. Y para ello ha vuelto a utilizar como ariete a Óscar Puente, quien en lugar de pedir perdón en público a los madrileños por su nefasta gestión de los trenes de Cercanías al frente de la cartera de Transportes, se dedica a echar espuma por la boca contra la presidenta de la Comunidad, no se sabe si porque no da para más y se lo cree o porque así se lo ordena su amo, el que le entregó el cargo para desgracia de los habitantes de esta comunidad.

El retorno vacacional también ha corroborado una de las principales líneas de actuación del Ejecutivo, ampliamente ejecutada en la pasada legislatura y en lo poco que llevamos de ésta. Se trata de hacer pagar a las empresas y a las rentas más altas el coste de una ineficacia gestora que ha llevado por ejemplo a España a disparar su deuda pública hasta niveles alarmantes a cambio de crecer unos pírricos 2,5 puntos en el PIB desde antes de la pandemia, y ha situado al borde de la quiebra a la Seguridad Social, que es la que financia las pensiones.

Precisamente para prolongar la agonía en la que se encuentra el sistema de pensiones por la falta de reformas de verdadero calado, el Gobierno se ha sacado de la manga lo que denomina «la cuota solidaria», un ingenioso mecanismo impositivo travestido de cotizaciones y solidaridad que no se traducirá en mayores cuantías de la prestación, como bien denuncia en las páginas de LA RAZÓN Juan Carlos Higueras, economista y profesor de EAE Business School, quien añade que «en vez de realizar un cambio estructural e integral del sistema para que sea estable a largo plazo, por la complejidad y el riesgo electoral asociados, se decide realizar ese esfuerzo mediante cambios incrementales en los parámetros para mantenerlo estable temporalmente, con vida, aunque intubado y con respiración asistida, prolongando así la agonía».

No hay mejor forma de describir esta nueva modalidad de saqueo del esfuerzo para sufragar con él la ineficiencia, que se produce además en un momento en el que el coste de las cotizaciones para las empresas crece al mayor ritmo en los últimos 24 años. Como en la economía todo va encadenado, no resulta descabellado pensar que este incremento de las cargas que soportan las empresas se encuentre detrás de la desaceleración del empleo que maquillan las estadísticas oficiales y que encuentra su máximo exponente en los llamados trabajadores fijos discontinuos.

En otro de sus excelentes análisis, Daniel Lacalle recuerda que la inefable Yolanda Díaz dice ahora que hay 55.000 empleados con contrato fijo discontinuo inactivos cuando el propio Ministerio de Trabajo informó en diciembre a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria que en esa fecha superaban las 400.000 personas. Lacalle apunta que las personas que no trabajan y desean hacerlo, pero contabilizan como inactivos, superan el millón. La fracasada reforma laboral y el saqueo empresarial podrían estar detrás de estas cifras que el Gobierno se empeña en ocultar. Tras la Semana Santa, todo sigue igual. O peor.