Hay cosas que un presidente del Gobierno ni puede ni debe hacer en una democracia. Una de ellas es atacar al Poder Judicial. Nos hemos acostumbrado a la anomalía de que el Ejecutivo maneje el Legislativo como si fuera una marioneta. Es una realidad que se ha hecho más lacerante con «cariño» Armengol y su solícito escudero Galindo. En este caso no hay separación de poderes y es fruto del sistema electoral, así como de la progresiva partitocracia que se ha instalado en la política española. Los diputados y senadores no son independientes de sus partidos. En muy raras ocasiones actúan en conciencia, y hemos visto cómo los diputados socialistas han tragado con la amnistía con la que muchos no estaban de acuerdo. No es lo mismo ser fiel a la dirección que serlo a un partido y sus ideas. Es estrambótico, también, que Sánchez alardee de su control del Ministerio Fiscal o que tenga al frente del Tribunal Constitucional al fiel Cándido Conde-Pumpido, acompañado de sus mariachis, que se encarga de blanquear los disparates del sanchismo. Por ello, la situación sería catastrófica si, además, la Fiscalía llevara la instrucción de los procesos en detrimento de los jueces que, afortunadamente, son independientes. Tengo la mejor opinión de los fiscales, pero ellos no son el problema, sino el control político que sufren del Gobierno.

A Sánchez no le gusta una Justicia independiente, sino que desearía que estuviera al servicio del Poder Ejecutivo. Es una realidad inquietante. En la entrevista con Pepa Bueno lanzó el mayor ataque que ha sufrido el Poder Judicial en democracia cuando afirmó «que hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna. Son una minoría que hace un daño terrible a la Justicia. Por supuesto, se refiere a los casos que afectan a su mujer, su hermano y al Fiscal General. Es una acusación tan grave que es propia de los políticos populistas de la izquierda iberoamericana a la que se siente, desgraciadamente, tan unido. Me gustaría que su referencia política fuera la socialdemocracia europea y no esos políticos autoritarios. Es muy peligroso para la democracia que se cuestione el sistema judicial, cuando los informes de la UE y el Consejo de Europa nunca han cuestionado la independencia de los jueces.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)