Un Parlamento cómplice

Dado que Sánchez no tiene intención alguna ni de dimitir ni de convocar elecciones para que los españoles se pronuncien sobre lo que está pasando, el Parlamento se convierte en el único resorte para llevar a cabo un desalojo que también en su momento probó Mariano Rajoy. Solo en los grupos representados en el Congreso –solo en ellos– descansa esa posibilidad, lo que viene a hacerles directamente cómplices de la continuidad del actual gobierno si el tsunami de la corrupción continúa avanzando con la amenaza de arrasar con todo a su paso. Así de crudo, pero así de sencillo. El Parlamento pasa por ser la institución donde reside la soberanía nacional, pero sufriendo la gran paradoja de que, a algunos grupos que llevan años siendo claves a la hora de conformar determinadas mayorías entre la izquierda y el independentismo les importa un bledo esa soberanía nacional –más bien ésta forma pate de sus objetivos a batir– y es en estos días en los que la falta de correspondencia entre calle y Parlamento hace que contemplemos con verdadero estupor cómo el cambio de ciclo social y el clamor en esa calle contra la corrupción que acogota al PSOE tratan de drenarse en torno a la excusa de una supuesta mayoría parlamentaria, esa que impide cualquier hipótesis para desalojar de La Moncloa a un presidente bajo sospecha y al albur de posibles nuevas revelaciones en la prensa como públicamente se temía Emiliano García-Page.

En la actual España de renqueante espíritu constitucional, solo se contemplan tres mecanismos políticos para desalojar a un jefe de gobierno, uno de ellos en manos de los ciudadanos cuando acuden a las urnas en una convocatoria electoral celebrada cuando toca salvo adelanto que solo puede decidir el propio presidente. Los otros dos dependen directamente del Parlamento; la moción de censura y la de confianza si es que el jefe del Ejecutivo decide someterse a esta última ante los diputados. Y es justamente esa prerrogativa parlamentaria la que pone a los grupos políticos frente al espejo en un contexto en el que el Congreso de los diputados puede acabar convirtiéndose, si la legislatura no dice basta, en un anexo del búnker en el que Sánchez pretende resistir. La moción de censura es una opción, pero solo si salen las cuentas. Otros a los que tampoco les salen para presentar unos Presupuestos no dudan en saltarse la mismísima constitución.