Peligra nuestra democracia

Decir que la democracia no puede existir de manera efectiva y sostenible sin el respaldo fundamental del Estado de Derecho y la separación de poderes, debería ser ocioso. Esto tan básico en un modelo democrático resuena en nuestros oídos de forma dramática en los últimos tiempos, provocando una sensación de mucho peligro democrático. Algunos dicen que no es responsable hablar de una futura Ley de amnistía cuyo contenido no se conoce, pero es que no importa su contenido, porque lo que está anunciado es eso, una ley de amnistía con un fin confesado, procurar la normalidad pública, institucional y social, lo cual, a sensu contario, y por mucho que se pretenda edulcorar, supone entender al Estado de Derecho, la separación de poderes, y en especial, la actuación del Poder Judicial con plena y escrupulosa aplicación de la ley, como las causas que impiden alcanzar esa normalidad pública institucional y social; el mundo al revés.

Hemos pasado de otorgar el perdón a quienes ni tan si quiera lo han pedido, a pedir perdón por la escrupulosa, correcta y justa actuación del Estado a través de una de sus ramas, el Poder Judicial, aplicando la máxima expresión del estado de derecho, la ley. Nadie cuestiona la legitimidad de posiciones políticas democráticas, ni los derechos y las garantías de las personas que los defienden, pero esta legitimidad nunca se le puede otorgar a los que han cometido un delito; con ello no solo se trata de contextualizar el delito dentro de la posición política, sino de justificar el delito por el ejercicio de la posición política por sí misma. Esta justificación supone convertir en admisible, en adecuado y oportuno la comisión de delitos, y ello en un Estado de Derecho, y utilizando nada más y nada menos que su máxima expresión, una ley.

Superar que en el año 2021 se presentó una proposición de ley de amnistía en el Congreso y no fue admitida su tramitación porque se informó, y así lo acordó la mesa del Congreso, que la amnistía en España supone de facto un indulto general y era palmariamente inconstitucional, superar que el propio Gobierno cuando ejerció su potestad de indulto particular a los condenados por el denominado «proces», asumió un claro informe en el que se decía que la amnistía no cabe en nuestra Constitución, parece difícil, pero puede ocurrir. Parafraseando la frase hartamente conocida podríamos decir que el que para conseguir resolver un conflicto político se aparta del orden constitucional y legal, no conseguirá resolverlo, y pondrá en juego el propio orden constitucional. Si la búsqueda de un marco de negociación equilibrado exige soslayar el cumplimiento de ley y de sus consecuencias, mal vamos.

La justicia y la igualdad no pueden prevalecer en una democracia sin un marco legal sólido y un sistema de gobierno que distribuye y equilibra el poder. El Estado de Derecho es el principio fundamental en el que se basa una sociedad democrática. Significa que la ley está por encima de todos, incluidos los gobernantes y los gobernados. En una democracia que respeta el Estado de Derecho, las normas y regulaciones se aplican de manera justa y equitativa, y nadie está por encima de la ley. Esto protege los derechos individuales y garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia. La separación de poderes garantiza que ningún órgano del gobierno tenga un control absoluto, lo que reduce el riesgo de abuso de poder. La Unión Europea abraza al Estado de Derecho como uno de sus presupuestos, de tal suerte que proporciona un marco legal sólido que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y protege sus derechos. La democracia, además de elecciones, es justicia e igualdad.