Las pensiones, el papelón de Escrivá y películas de chinos

Alvaro Figueroa y Torres (1863-1950), Conde de Romanones, liberal y tres veces presidente del Gobierno durante el reinado de Alfonso XIII, ha sido comparado con Churchill por la cantidad de frases lapidarias –ciertas o atribuidas– que pronunció. Entre ellas, aquella de «haga usted la ley, que yo haré los reglamentos» que quizá quiera refrescar ahora José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, que pretende sacar adelante una reforma de las pensiones, en teoría más o menos aceptable para algunos pero no para los empresarios, y además también intentará hacer «el reglamento» es decir, la letra pequeña, que puede ser tan decisiva o más que la reforma general.

Romanones, por cierto, presidía el Gobierno que aprobó por decreto, el 11 de marzo de 1919, el llamado «Retiro Obrero», el primer seguro social público de cobertura de vejez que se implantó en España, desarrollado por un reglamento de 1921, que fijaba la edad de jubilación a los 65 años, una cotización obligatoria por parte de las empresas –complementada por el Estado– y que alcanzaba a todos los trabajadores con una remuneración anual inferior a las 4.000 pesetas de entonces al año. Era un sistema de capitalización, que estuvo en vigor hasta 1939, cuando fue sustituido por el franquismo por el Subsidio de Vejez, con una fórmula de reparto, origen remoto del sistema actual.

Escrivá tiene el compromiso de reformar las pensiones, con el visto bueno de Bruselas, para que España reciba otra nueva entrega de los fondos Next Generation, que dan oxígeno al Gobierno de Sánchez para mantener y aumentar el gasto, sobre todo en año electoral. El ministro de Seguridad Social, que en sus tiempos en la Airef, nombrado por el Gobierno de Rajoy, abogaba por el control del gasto en pensiones, ahora impulsa una reforma que lo fía todo al aumento de los ingresos por la vía de penalizar los salarios, altos y menos altos, con la coartada populista de que será a cargo de las empresas y de los empleados mejor pagados. Todo un papelón, que desemboca en una reforma con tantas trampas y dobles fondos como se decía en otros tiempos de una película de chinos. El Gobierno, en año de elecciones, quería eludir cualquier ajuste en pensiones, porque diez millones de pensionistas son muchos votos. Lo ha logrado, de momento, pero –si la reforma sale adelante– será a costa del empleo. Contratar será bastante más caro y las empresas se lo volverán a pensar dos veces. Es la vieja historia de la ley y el reglamento, o la letra pequeña, como decía Romanones.